¿Debemos defender a PPK del fujimorismo?

Nos encontramos bajo el capitalismo y el dominio del Estado burgués. Los diferentes partidos y políticos capitalistas tienen en común defender tanto lo uno, como lo otro. Solo se diferencian en la FORMA en que proponen explotar al obrero o aplastar sus luchas.
Hay varias formas de explotar al proletariado: con mayor o menor inversión extranjera, con mayor o menor inversión estatal, con mayor o menor legislación social. Hay también varias formas de oprimirlo: con un régimen fascista, bonapartista o parlamentario. Pero en el fondo la situación siempre será la misma: esclavitud asalariada sostenida por la fuerza o el engaño.
En los países semicoloniales predomina actualmente esta forma de explotación: más inversión extranjera, menos inversión estatal, menos legislación social. Y también predomina esta forma de opresión: la dictadura bonapartista “sui generis”, régimen oscilante entre el imperialismo, la burguesía nativa y las masas. Este régimen bonapartista, es decir, militar-policial, puede presentarse, a su vez, bajo dos formas: a) bonapartismo puro, b) bonapartismo semiparlamentario, es decir, con el parlamento de adorno.
La clave del régimen semiparlamentario es que los jefes militares “toleran” que gobierne el presidente y este “tolera” que el parlamento legisle hasta cierto límite. Es decir, pasado ese límite los militares derrocan al presidente o el presidente cierra el congreso, con la venia de los militares. Hasta existen leyes que permiten esto de forma temporal, como la militarización bajo “estado de emergencia” o las “facultades legislativas” otorgadas al ejecutivo. En Perú, el presidente puede incluso disolver legalmente el parlamento convocando a nuevas elecciones, esto es imposible en EEUU (más bien el congreso puede vacar al presidente) y en Inglaterra puede darse porque el gobierno mismo es formado por el parlamento. Mientras que en Francia, la disolución del parlamento por parte de un gobierno elegido de forma independiente, es un defecto bonapartista de su democracia parlamentaria, en el Perú es el reflejo atenuado de la dictadura militar-policial realmente existente.
No obstante, en Brasil se dio el caso de que el parlamento destituyó a la presidenta, una medida formalmente democrática. Esta medida no se ajustó plenamente a las leyes brasileñas, no por ser poco sino demasiado democrática para el régimen “presidencialista” vigente. Que los militares destituyan al presidente es una cosa; que lo destituya el parlamento es otra totalmente opuesta: lo primero es bonapartismo puro, lo segundo es parlamentarismo, es decir, el régimen burgués más democrático posible. Sin embargo, esta destitución “democrática”, se efectuó con el “permiso” de los militares. Es decir, la medida fue formalmente democrática pero ejecutada bajo un régimen militar-policial disimulado, realizada de forma excepcional sin cuestionar realmente su legislación presidencialista. Esto demostró, una vez más, que en los países atrasados la burguesía es incapaz de instituir su propia democracia parlamentaria.
En primer lugar, los revolucionarios no podíamos apoyar al gobierno de Dilma, por tratarse de un gobierno capitalista con un partido “obrero” a la cabeza, es decir, una trampa para los trabajadores conocida como “Frente Popular”. Sin embargo, tampoco podíamos apoyar su destitución parlamentaria, no por ser “golpista”, sino por no ser suficiente y verdaderamente democrática, por ser una farsa similar a las elecciones. La única consigna democrática posible en una situación así, es el llamado a abolir la presidencia de la república y poner en pie una asamblea nacional única ejecutiva y legislativa. La defensa del gobierno de Dilma fue entonces una defensa doblemente reaccionaria: a) por presentar este gobierno como representante de los trabajadores cuando se trataba de un frente popular burgués, b) por denunciar la destitución parlamentaria como “golpista” cuando se trató de una medida formalmente democrática.
Aunque suene increíble, en Perú está circulando la idea de que este país se encontraría en una situación parecida a la de Brasil, es decir, donde tendríamos que defender al presidente (PPK) del ataque “golpista” del parlamento (fujimorista). De ser así, estaríamos entonces ante una posición no solo doblemente reaccionaria sino triplemente cínica o imbécil. ¿Es acaso el gobierno peruano siquiera un gobierno “socialista”, es su partido un “partido de los trabajadores”, es PPK un obrero metalúrgico? Algunos dirán: “No, pero es un gobierno democrático que está luchando contra la corrupción y el lucro de las universidades fujiapristas”. ¡¿Cómo?!
Lo que se está ocultando es que la actual ley universitaria ha sido elaborada por el militar “ex” fujimorista Daniel Mora con la finalidad de RATIFICAR la legislación fujimorista que permite la creación de universidades-empresa, es decir, con abiertos fines de lucro como la UCV o la UPN, que ya nadie cuestiona porque ya acreditaron “calidad educativa”. Una legislación que ratifica el régimen educativo medieval atado a la iglesia católica y sus colegios y universidades privadas patriarcales; una educación que mendiga su presupuesto a las mineras porque primero está la deuda externa. Una nueva ley universitaria que sigue los pasos del modelo de Pinochet contra el que los trabajadores de Chile se siguen levantando. Lo único que ha cambiado con esta ley es que el mando ha pasado de los rectores al gobierno de turno, es decir, se ha liquidado la autonomía universitaria con el cuento de combatir la corrupción, como si un ministro fuera menos ladrón que un rector o un “empresario de la educación”.
¡Aquí no hay nada que defender! Bajo el gobierno de Humala, los estudiantes de todo el país marcharon para traer abajo esta ley de la mano de los trabajadores públicos que enfrentaban también su propia ley privatista, pero fueron traicionados por Mario Huamán y toda esa junta de oportunistas que llamaron a votar por PPK y ahora salen a defenderlo al amparo de la constitución fujimorista. El gobierno de PPK no representa, en absoluto, los intereses de los explotados y oprimidos de la nación, no tienen por qué defenderlo, ni mucho menos llamar a disolver el congreso, porque así comenzó el golpe del 92; se pretende combatir al fujimorismo con sus propios métodos criminales. El Frente Amplio legitimó las últimas elecciones fraudulentas, aceptó la cifra repartidora del congreso, hasta salió en apoyo de las leyes “antiterroristas” de la dictadura, ¿de qué se quejan ahora? Defender a PPK y sus ministros de los “ataques” de sus amigos fujimoristas es una posición totalmente reaccionaria, cínica y estúpida.
Aquí la única demanda progresiva es la nacionalización sin pago de todas las universidades y colegios privados para garantizar un verdadero acceso gratuito y universal a los hijos de los trabajadores, financiado con la expropiación sin pago y bajo control obrero de las transnacionales y con el dinero que va a la deuda externa. Aquí la única consigna democrática es el llamado a luchar por una asamblea constituyente revolucionaria que traiga abajo el régimen militar presidencialista, sus tratados y leyes antiobreras y antinacionales. Solo un gobierno socialista de los trabajadores y soldados rasos puede realizar todas estas demandas; solo la lucha revolucionaria en todo el continente y el mundo puede hacer triunfar el socialismo que será internacional o no será nada.