Las universidades peruanas y la SUNEDU
Más de 40 proyectos de ley se han presentado en el Congreso para modificar la Ley Universitaria N° 30220 (promulgada en el año 2014). Se propone cambios que permitirían crear nuevas universidades bajo otras reglas, así, se propone que los profesores sigan dictando sin maestría, que se extienda el bachillerato automático o, una de las más polémicas, que los rectores de las universidades conformen el consejo directivo de la SUNEDU y que ésta sea autónoma, de acuerdo al proyecto presentado por la agrupación política Renovación Popular[1], resucitando en la práctica la Asamblea Nacional de Rectores (ANR)[2].
La actual Ley Universitaria precisamente deja el anterior sistema con el argumento que los Rectores demostraron no poder cumplir con supervisar mínimamente la calidad universitaria, ya que eran juez y parte de las evaluaciones a las universidades.
De acuerdo a lo que pregona el propio Estado[3], en la primera parte de la década de los 90, “el sistema universitario se caracterizaba por la inexistencia de estándares de calidad claros para la prestación de servicios universitarios”. Las universidades solo podían ser creadas o suprimidas por ley, luego de la evaluación del Ministerio de Educación y una Comisión del Congreso, de acuerdo a la Ley N° 23733 (Ley Universitaria del año 1983).
En 1995 se creó el Consejo Nacional para la Autorización del Funcionamiento de Universidades (CONAFU), un órgano perteneciente a la ANR.
En 1996, Fujimori Fujimori emite un Decreto Legislativo permitiendo que las universidades privadas puedan funcionar como empresas con fines de lucro, es decir, a partir de esa fecha cualquier persona podía abrir una universidad (con la aprobación de CONAFU) y el excedente de lo producido podía ser repartido entre los inversionistas. En el marco legislativo anterior, los excedentes al final del ejercicio presupuestario solo podían ser reinvertidos en la institución o destinados a becas.
CONAFU autorizó el funcionamiento de 52 universidades en 8 años (2006 a 2013), 43 fueron privadas, muchas de ellas calificadas como “universidades chichas”, en claro uso despectivo a una expresión cultural popular por pretender graficar que eran de escasísima calidad. En 2010, el Tribunal Constitucional (TC) declaró inconstitucional las funciones de CONAFU y recomendó la creación de una Superintendencia que vele por la calidad del sistema universitario peruano. Sin embargo, el 26 de julio de 2011, dos días antes de terminar su gobierno, Alan García Pérez promulgó una ley que le permitía al CONAFU seguir autorizando por un año más el funcionamiento de universidades públicas y continuar evaluando los proyectos que había recibido antes de esa fecha.
La supuesta gran reforma frente esta problemática se ensaya con la Ley 30220[4], que crea la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), entidad adscrita al Ministerio de Educación, siguiendo el modelo de calidad universitaria de Pinochet y la Concertación[5], modelo combatido por el movimiento estudiantil chileno. A esta SUNEDU se le encarga aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento de universidades, filiales, facultades, escuelas y programas de estudios conducentes a grado académico, así como de supervisar en el ámbito de su competencia la calidad de la prestación del servicio educativo.
La miopía de los detractores de las propuestas de la contrareforma, se manifiesta en que solo denuncia la posibilidad de que vuelvan al ruedo los rectores corruptos, con poder y autonomía, como si el problema de la educación universitaria radicaría únicamente en ellos. Los sectores “progresistas”, los reformistas, los jóvenes del bicentenario están dispuestos a defender el actual régimen universitario fujimorista-privatista dirigido por el Estado burgués con el pretexto de asegurar la calidad de la oferta educativa universitaria.
No pueden avizorar que la tragedia de nuestra educación universitaria radica precisamente que desde 1996 descarnadamente resulta un jugoso negocio, que desde mucho antes el Estado no destinaba los recursos a las universidades estatales para fomentar investigaciones de calidad, que las carreras implementadas son las que sirven al actual régimen económico, del cual el país entero no es más que una pequeña pieza (necesaria, eso sí) para que la riqueza continúe en manos del 1%[6].
La propia SUNEDU afirma que en los primeros años de los 90 solo existían 49 universidades (concentradas fundamentalmente en la capital y las regiones de la costa), y no se contaba con procedimientos específicos para supervisar la calidad de estas. Que en el año 2000 existían 32 universidades estatales y en 2019 48; que las universidades privadas asociativas (que no pueden repartirse utilidades) subieron de 29 a 41, mientras que las universidades privadas societarias (con fines de lucro) pasaron de 13 a 50 en ese mismo periodo[7].
Resulta evidente, entonces, que no les molesta que existan universidades que ganen plata como cancha, sino que sean “chicha” (léase “de mala calidad”, en su lenguaje discriminatorio). Porque defender a la SUNEDU y pactar con ella (como lo hace la Coordinación de Universidades de Lima y Callao-Bloque Universitario[8]), como única institución que puede garantizar la calidad educativa, es defender el sistema que representa, esto es, la institución del Estado que cuida la calidad de los profesionales que sirvan al sistema económico imperante, con las profesiones que al sistema le interesa y que, de paso, garantice las ganancias para los que invierten en la enseñanza universitaria.
Los estudiantes pobres de las universidades públicas y privadas, no tienen por qué ser forzados a elegir entre resucitar la ANR corrupta o defender la SUNEDU privatista. Desde la lucha por la Reforma Universitaria en América Latina a principios del siglo XX, se ha tenido claro que una demanda democrática elemental es la autonomía universitaria, la independencia de todo gobierno patronal, conquista defendida con sangre durante un siglo y perdida en Chile con Pinochet y en Perú con Fujimori y la SUNEDU.
De nada sirve que el poder pase de los rectores corruptos a los gobiernos corruptos. La universidad debe ser autogobernada por sus estudiantes, solo un gobierno con mayoría estudiantil puede garantizar calidad, libertad y ciencia al servicio de la humanidad. Pero esto no puede ser posible bajo el Estado patronal actual, por esta razón la lucha de los estudiantes pobres debe estar unida a la lucha de los obreros y campesinos pobres. Solo la revolución socialista internacional puede resolver todas las sentidas demandas de las masas universitarias, solo combatiendo a las dirigencias reformistas se puede abrir el camino para esta victoria histórica.
¡NI SUNEDU, NI ARN!
¡POR UN GOBIERNO UNIVERSITARIO CON MAYORÍA ESTUDIANTIL!
[1] Proyecto N° 697–21, presentado el 11 de noviembre de 2021
[2] La Ley N° 23733, vigente desde 1983, creó la Asamblea Nacional de Rectores (ANR), un organismo público y autónomo, constituido por los rectores de las universidades, responsable de las actividades universitarias del país.
[3] SUNEDU: Informe Bienal sobre Realidad Universitaria, 2018 https://www.gob.pe/institucion/sunedu/informes-publicaciones/606251-informe-bienal-sobre-la-realidad-universitaria-2018
[4] https://zonaobrera.wordpress.com/2016/12/14/mitos-sobre-la-ley-universitaria-mora-humala/
[5] https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07052014000100003
[6] https://www.bbc.com/mundo/noticias-42776299
[7] II Informe Bienal sobre la realidad universitaria en el Perú, file:///D:/Universidad/II%20Informe%20Bienal%20sobre%20la%20Realidad%20Universitaria%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
[8] https://www.gob.pe/institucion/minedu/noticias/572392-ministro-gallardo-y-bloque-universitario-plantan-arbol-como-simbolo-de-fortalecimiento-de-relaciones
