EL DECRETO 237: MÁS EXPLOTACIÓN, SAQUEO Y CONTAMINACIÓN
El gobierno del empresario Vizcarra ha promulgado furtivamente el mismo 28 de julio, un nuevo decreto en favor de los grandes empresarios nacionales y extranjeros para los que gobierna.
El “Plan Nacional de Competitividad y Productividad” impuesto con el decreto supremo 237-2019-EF[i] corresponde al cumplimiento de la “segunda fase” de un proceso iniciado con la promulgación del decreto 345-2018-EF que estableció los lineamientos generales de esta nueva ofensiva capitalista contra los trabajadores.
A diferencia de lo que creen algunos reformistas, este plan no solo afecta a los asalariados sino a todo el pueblo pobre ya que sus medidas se impondrán en todos los ámbitos de la economía: agricultura, educación, medio ambiente, etc. Se trata de un nuevo plan para profundizar la explotación capitalista, el saqueo transnacional y la privatización de la educación y la salud, como si la dictadura fujimorista no hubiera hecho ya lo suficiente en la década de los 90.
El plan está dividido en nueve “objetivos prioritarios” (OP) de los cuales se desprenden “medidas” que se impondrán a través de decretos que ya tienen fecha de promulgación como veremos a continuación.
OP1: Dotar al país de infraestructura económica y social de calidad.
Básicamente en este punto se propone agilizar con su digitalización la inversión pública y reimpulsar las famosas asociaciones público-privadas (APP). Es decir, se trata de agilizar e reimpulsar la privatización de la educación, la salud y hasta del agua como ya había quedado claro con la promulgación del decreto 018-2018-vivienda.
Este plan busca continuar desarrollando la infraestructura necesaria para el saqueo transnacional de los recursos naturales, privatizando los puertos y aeropuertos, dejando de lado las necesidades de los pequeños agricultores, artesanos y comerciantes.
Se continuará construyendo carreteras con peajes excesivos, hidroeléctricas que encarecen los servicios, obras que terminan colapsando, ya que las mismas constructoras corruptas seguirán operando en el país. Gracias al acuerdo de la fiscalía de Pérez y Vela, apoyados por Vizcarra (otro empresario de la construcción), Odebrecht seguirá levantando la infraestructura del país pero ha prometido no robar más. Otra mentira más de esta transnacional brasileña, socia menor de Wall Street.
Lo peor de todo es que sus confesiones no garantizan siquiera que sus políticos (Keiko, Toledo, Humala, Villarán, etc.) vayan a la cárcel. Lo que se vende como ejemplo mundial de justicia podría terminar en el más grande escándalo de impunidad de América Latina.
OP2: Fortalecer el capital humano.
La burguesía llama “capital humano” a los obreros y empleados que explotará para obtener sus ganancias parasitarias. En este sentido, busca garantizar que los trabajadores tengan la educación y salud adecuada para satisfacer sus necesidades empresariales.
En el caso de la educación se trata de “actualizar” sus contenidos para orientarlos hacia conocimientos mecanizados enfocados en la maximización de las ganancias a costa del salario, la salud y el medio ambiente, eliminando cursos “peligrosos” como filosofía, o realidad nacional. Asimismo, se busca continuar con la privatización de las universidades por medio de “convenios de gestión” donde se condiciona el presupuesto al cumplimiento de requisitos impuestos por el gobierno de turno (a través de la SUNEDU).
En el caso de la salud, se busca mantener un sistema donde se prioriza el alivio temporal de los síntomas para mantener al obrero activo dejando el tratamiento de las enfermedades crónicas sin personal ni presupuesto. Igualmente, se continuará con la política de privatización de la salud, que elevará el costo de vida agravando la pobreza y la desnutrición infantil que este plan dice querer combatir. Asimismo, este y todos los gobiernos han permitido que el monopolio Gloria engañe a la población vendiendo “leche” que no es leche.
OP3: Generar el desarrollo de las capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas.
La división internacional del trabajo ha impuesto que solo un puñado de países imperialistas pueden gozar del (lento) progreso científico y tecnológico capitalista. Por tanto, es una ilusión creer que algún día países históricamente atrasados como Perú pueden despegar y siquiera aproximarse a alguna potencia tecnológica.
Las medidas en este ámbito son, pues, letra muerta y solo persiguen favorecer a las grandes empresas. Estas medidas buscan promover “una investigación científica orientada a las necesidades del mercado” y no a las verdaderas necesidades de los trabajadores.
Una de estas medidas ampliará la vigencia de la ley 30309 que otorga beneficios tributarios a las grandes empresas que inviertan en mejoras tecnológicas. Esto de nada servirá para industrializar el país, solo aumentará sus ingresos y reducirá los del Estado. Este plan también prevé que los científicos e investigadores contratados por el Estado serán precarizados bajo el régimen laboral SERVIR.
No hay que olvidar, finalmente, que bajo el capitalismo el aumento de la productividad del trabajo gracias a la innovación tecnológica produce más desempleo al provocar el reemplazo de mano de obra por máquinas. Por el contrario, bajo el socialismo el aumento de la productividad permitirá la reducción significativa de la jornada de trabajo.
OP4: Impulsar mecanismos de financiamiento local y externo.
Una parte fundamental del sistema capitalista es el sistema de crédito y bajo su actual fase imperialista de decadencia, el capital financiero se convierte en la cabeza de este sistema. La política del empresario Vizcarra está, por tanto, totalmente al servicio del capital financiero internacional, impulsando la creación de “fondos de apoyo al pequeño empresario” que solo servirán para aumentar la deuda pública externa.
La demagogia barata de la gran burguesía es hacerle creer a los pequeños empresarios que realmente pueden competir en condiciones de igualdad. Lo cierto es que, más allá de contadas excepciones, la absoluta mayoría termina estancada o quebrada, dejando millones de familias de campesinos, artesanos y comerciantes en la pobreza extrema.
El gobierno de Vizcarra propone impulsar el fondo de crédito estatal CRECER que reúne a los anteriores y que dice fue pensado para apoyar a los “pequeños empresarios”. Sin embargo, incluye en este fondo a las empresas que exportan hasta 30 millones dólares. Esta trampa se parece mucho a la impuesta por la ley agraria 27360 que supuestamente debía favorecer a los pequeños campesinos y terminó siendo la ley de las transnacionales agroindustriales. Por otro lado, ya desde la semi-privatización de Agrobanco, estaba claro que la CONFIEP no tenía ninguna intención de modificar su política de intereses altos para los pequeños productores del campo.
Al mismo tiempo, los bancos impulsan una política de endeudamiento masivo de los asalariados llevando créditos baratos hasta a los asentamientos humanos. Todo con el fin de sostener el consumo interno que en la actualidad sigue siendo uno de los principales puntales del crecimiento económico ante la caída de la industria. Es decir, el “enfriamiento económico” es un término engañoso que usa la CONFIEP para ocultar la crisis internacional del capitalismo que hace rato llegó a Perú. Justamente por esto la CONFIEP busca facilitar el despido masivo, y por tanto, no se trata de una política coyuntural sino estructural del capitalismo en su decadencia.
OP5: Crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno.
Ya la dictadura fujimorista había impuesto un régimen laboral capitalista que la propia OIT imperialista había calificado del peor del mundo. Sin embargo, para la burguesía esto no sería suficiente y desde entonces ha buscado profundizar la explotación capitalista de los trabajadores.
Lo que el gobierno de Vizcarra plantea es modificar el reglamento del decreto 728 con el fin de reducir los beneficios laborales (“determinación prorrateada mensual”) y definir a favor del capitalista la “situación económica habilitante” para el despido masivo de trabajadores. Asimismo se pretende legalizar las condiciones de esclavitud de los asalariados de las “pequeñas” empresas reduciendo aún más sus derechos a la salud y las pensiones.
Igualmente se plantean disposiciones especiales para formalizar las pésimas condiciones de los trabajadores a jornada parcial y de “teletrabajo” que en su mayoría son jóvenes. Peor aún, Vizcarra pretende retomar la mal llamada ley “pulpín” que fue derogada tras la movilización revolucionaria de la juventud proletaria de Lima y todo el país que se autoorganizó en “zonas” para superar el pacifismo impotente y cómplice de la burocracia sindical. Esta nueva ley pulpín y las modificaciones a la 728 se impondrían entre octubre y diciembre de este año.
Aquí debe quedar claro que esta profundización de la explotación es una tendencia absolutamente natural e inevitable del sistema capitalista en su decadencia. En el mercado mundial y nacional las empresas compiten y necesitan reducir al máximo los costos laborales para superar a las demás. Todos los intentos por frenar esta tendencia y reformar el capitalismo para embellecerlo han fracasado. Los gobiernos burgueses bolivarianos son prueba de ello: en Venezuela los trabajadores sufren la pobreza extrema, en Nicaragua se les impuso con sangre un pensionazo, en Bolivia un gasolinazo, en Cuba se ordenó el despido de un millón de trabajadores estatales, etc.
En el Perú mucho antes de la dictadura de Fujimori se impusieron leyes de abierta esclavitud laboral como la textil 22342 de 1978, norma bendecida por la constitución burguesa de 1979, que los partidos nacionalistas y reformistas piden restablecer (incluyendo al PST). Los trabajadores entonces no están enfrentando un “modelo neoliberal” están enfrentando un sistema mundial que debe ser destruido para que sus hijos puedan comer.
OP6: Generar las condiciones para desarrollar un ambiente de negocios productivo.
En este punto el gobierno plantea principalmente la “simplificación” de los requisitos y pasos que deben darse para poner en pie una empresa. Asimismo se plantea mayor exoneración de tributos para reducir los “sobrecostos” de las “micro y pequeñas empresas” (MYPES). Sin embargo, dentro del concepto de “pequeña empresa” la ley incluye a empresas con ventas anuales de hasta 7 millones de soles (1700 UIT), algo que no corresponde a una empresa familiar, sino a una mediana o gran empresa con decenas o cientos de esclavos asalariados.
Bajo el verso liberal de apoyo al “emprendedor”, se pretende ocultar la verdad sobre el sistema capitalista que es un sistema para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. En el mercado mundial y nacional ya no hay libre competencia, hay monopolio, el certamen de emprendimiento acabó hace más de 100 años atrás, los primeros puestos ya están ocupados. Dos o tres excepciones no cambiarán esta dura realidad.
El promedio de existencia de una pequeña empresa en el Perú es de cuatro años, tiempo suficiente para crear falsas ilusiones sobre el crecimiento de las MYPES. Lo cierto es que la mayoría terminan quebradas, sin poder pagar sus deudas, enriqueciendo más a los bancos. El gobierno de Vizcarra dice que va a reducir sus impuestos, sin embargo, la SUNAT siempre termina cerrando pequeños negocios cuando se atrasan en sus pagos mientras las transnacionales y grandes empresas acumulan deudas millonarias (como Telefónica, etc.). Si de verdad quisieran apoyarlos entonces eliminarían por completo el IGV que hasta un mendigo tiene que pagar cuando compra un pan.
Los millones de trabajadores y trabajadoras “autoempleados” no son emprendedores informales, son trabajadores que fueron despedidos por las grandes empresas, “amas de casa”, discapacitados, etc. Estos trabajadores laboran en la calle bajo las peores condiciones sin estabilidad, sin seguro, sin vacaciones. Y, sin embargo, si sus ingresos alcanzan de milagro los 400 soles al mes el INEI los declara “no pobres”. Esta es la base de toda la propaganda fraudulenta acerca de la supuesta reducción de la pobreza y crecimiento de la clase media. El concepto burgués de “autoempleo” solo sirve para presentar cifras minúsculas y ficticias de desempleo; desempleo estructural y patriarcal que no tiene solución bajo el capitalismo.
OP7: Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios.
No contentos con el Tratado de Libre Comercio con EEUU que ha quebrado a miles de campesinos peruanos, y con el TLC con China que casi termina con el cierre de Gamarra, el gobierno de Vizcarra propone impulsar más TLC en favor de las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Se plantea la creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) con normas especiales que “promuevan la inversión privada en el Perú, particularmente de grandes inversiones tecnológicas”, es decir, de grandes inversiones transnacionales. Más minería extranjera, más saqueo, más contaminación. Esto es lo que impondría Vizcarra a fines de año con su ley de ZEE. Una verdadera zona liberada para la explotación ilimitada del trabajador.
Por otro lado, algunos reformistas pretenden empujar al gobierno para que su anunciada ley de minería sea a favor del “campesino y el obrero”. Sin embargo, nada bueno se puede esperar de este gobierno de la CONFIEP y el imperialismo. Seguramente la norma presentará algunas concesiones formales propias de la demagogia populista que está caracterizando al gobierno de Vizcarra. Pero se tratará de otra cortina de humo tan grande como su referéndum y el acuerdo con Odebrecht. Su táctica consiste en ganar tiempo hasta las nuevas elecciones que podrían adelantarse y que con ayuda de los reformistas servirán para crear falsas ilusiones en los explotados paralizando su acción.
OP8: Fortalecer la institucionalidad del país.
En este punto se plantean una serie de reformas superficiales para adecuar las instituciones burguesas a las necesidades de la rentabilidad capitalista.
En este sentido, se recita todo un verso cansino sobre la lucha de los capitalistas contra la corrupción y cómo esta afecta a los negocios, cuando todos sabemos que sin robar, extorsionar y matar no existe capitalista que haya tenido éxito. Las más grandes empresas del primer mundo organizaron dos guerras mundiales para quitarse sus negocios, que más prueba que esa para demostrar lo que decimos. Y en países atrasados como Perú la realidad es mucho peor, porque la mayoría del capital nativo acumulado está vinculado al narcotráfico y otras actividades capitalistas “ilegales”. Acabar con la corrupción bajo el capitalismo es pues una de las más ridículas fantasías que un liberal pueda soñar.
Hace unos días nada más se ha destapado que el expremier de Vizcarra, César Villanueva, también fue comprado por Odebrecht y también se sabe que el mismo Vizcarra está vinculado a varios casos de corrupción que nadie investiga porque supuestamente solo el fujimorismo roba. Nos han llevado a creer que debemos apoyar a este empresario de la construcción en su “lucha” contra el fujimorismo, cuando todo obrero consciente sabe que ambos son explotadores y corruptos. La prensa liberal pretende inflar este conflicto teatral con el fin de ocultar que el congreso y el gobierno están completamente de acuerdo en cuestiones fundamentales como la minería transnacional y la explotación laboral. En ese sentido es más que seguro que el congreso aprobará cada una de las medidas fraudulentas y criminales de este plan.
El gobierno anuncia la promulgación de una norma sobre “ordenamiento territorial” que definitivamente favorecerá a las grandes mineras y también a las grandes empresas inmobiliarias que son las responsables del encarecimiento de la vivienda. Asimismo Vizcarra propone perfeccionar la “gestión de conflictos sociales” que, como hemos visto, consiste en demagogia barata y la masacre abierta a manos del ejército.
Es evidente entonces que el Estado, gobierne quien gobierne, no es más que una máquina asesina al servicio de los explotadores. Sin la destrucción del Estado burgués y sus fuerzas represivas, será imposible conquistar la paz y el bienestar para los trabajadores.
OP9: Promover la sostenibilidad ambiental en la operación de actividades económicas.
A pesar de que el Perú hace noticia a nivel mundial por sus relaves mineros y derrames criminales de petróleo, el plan de Vizcarra prioriza el problema del cambio climático global y el manejo de residuos sólidos como si viviéramos en Suiza o Nueva Zelanda.
Su demagógica e ineficaz ley del plástico tuvo como principal objetivo vender que el Perú es un moderno país ecológico, mientras las mineras y petroleras siguen contaminando el agua dulce y el mar, y un desquiciado sistema privado de transporte envenena el aire.
El otro objetivo de las medidas “ecológicas” propuestas por Vizcarra es aprovechar un problema cualquiera para, por enésima vez, exonerar de impuestos a las grandes empresas. En este sentido el plan de Vizcarra plantea “la promoción de aquellos modelos de negocios basados en el aprovechamiento rentable y sostenible de los productos de la biodiversidad“. La tan mentada y saqueada biodiversidad peruana será nuevamente puesta en venta a nivel internacional, mientras las comunidades pobres de la Amazonía continúan sufriendo del atraso, analfabetismo y miseria que les impone el imperialismo. No debemos olvidar que la actual vicepresidenta de Vizcarra es la misma que apoyó el genocidio de Bagua cuando era ministra de Alan García.
Finalmente, para los obreros y campesinos pobres debe quedar claro que mientras exista el capitalismo la minería destruirá la agricultura. La “priorización” de la agricultura y el turismo no conducirán a un exitoso capitalismo verde como pretenden el Frente Amplio y Nuevo Perú, por el contrario, solo servirá para enriquecer más a las transnacionales y empresas nacionales de esos sectores, mientras que las mineras continuarán con el saqueo de los recursos naturales, la contaminación y la explotación laboral.
Solo bajo el socialismo internacional será posible armonizar ambos sectores fundamentales para toda economía, tecnificando la agricultura con maquinarias hechas de minerales extraídos racionalmente.
FOTO: Mario Huamán, dirigente de la CGTP recibiendo la orden del trabajo de parte de Martín Vizcarra, presidente del Perú.
La revolución es la única solución
Frente al nuevo plan de la burguesía para Perú, los burócratas sindicales y reformistas de toda clase ya se han pronunciado y proponen “grandes” acciones para traerlo abajo. Sin embargo, lo cierto es que la única ley importante que recordamos ha sido derogada en la última década fue la ley “pulpín” gracias a movilizaciones que ellos no dirigieron y no apoyaron en un inicio. En estas movilizaciones, la juventud explotada se autoconvocó y puso en pie nuevos organismos de lucha (Zonas) armándose de palos y piedras para enfrentar a la policía asesina del Estado burgués. Fue así que se tumbó una ley. Por el contrario, todas las luchas dirigidas por la burocracia sindical, sus “jornadas de lucha” y “paros nacionales” pacíficos, legales y políticamente subordinados a la burguesía nacional, terminaron en rotundos fracasados. El balance es claro: con los métodos de lucha del proletariado es posible vencer, con los métodos de la clase media es imposible.
Y ahora que los trabajadores enfrentan, no solo una ley sino todo un plan para empeorar sus condiciones de vida, es más necesario que nunca retomar el camino iniciado con las Zonas y radicalizar y profundizar sus métodos de organización y lucha. Solo con el armamento de los explotados (comités de autodefensa) y el desarme de la policía y la casta de oficiales del ejército, con la caída no solo del gobierno y del congreso sino de todas las instituciones del Estado burgués será posible crear un gobierno de los explotados al servicio de los explotados, basado en sus propias organizaciones de lucha. Solo bajo la dictadura del proletariado será posible la victoria definitiva sobre la explotación, el saqueo y la contaminación. Solo aboliendo el trabajo asalariado y expropiando sin pago y bajo control obrero las minas, las tierras, las fábricas, etc., estableciendo el monopolio del comercio exterior, será posible crear una economía al servicio de los trabajadores y no de los corruptos y grandes empresarios.
Evidentemente la revolución socialista de obreros y campesinos no puede triunfar en un solo país. Debe unirse a la revolución proletaria que se está gestando en Francia ahora mismo, y que busca instintivamente su victoria socialista también en Ucrania, Grecia, en los países árabes, africanos, asiáticos y aquí en América Latina contra los gobiernos “neoliberales” y también “bolivarianos”. Asimismo, los revolucionarios sabemos que del anarquismo solo nace la traición reformista y por tanto sin partido revolucionario no puede haber revolución victoriosa. Y si bien es válido tácticamente exigir a las direcciones oportunistas de las masas su ruptura política con la burguesía para radicalizar nuestra lucha según sus ritmos, es imprescindible también oponerles de la manera más firme una dirección revolucionaria internacional que desenmascare sus dudas y traiciones. Esta dirección no puede ser otra que la Cuarta Internacional refundada. Solo así conquistaremos la victoria del socialismo en Perú y todo el mundo.
[i] <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/348293/DS_237-2019-EF_ACCESIBLE.pdf>
