PACTO CON EL DIABLO: LA VERDAD SOBRE EL ACUERDO CON ODEBRECHT
Presentamos a continuación la excelente investigación realizada por la camarada Susan Abigail sobre el pacto entre la fiscalía peruana y Odebrecht. En primer lugar, debe quedar claro que Odebrecht y sus empresas socias organizaron desde un inicio y bajo una estricta contabilidad todas sus operaciones delictivas destapadas hasta el momento, no solo en Perú sino a nivel continental. Gracias a estas operaciones Odebrecht obtuvo sobreganancias multimillonarias que justificaron con creces la inversión hecha en la compra de políticos corruptos. Odebrecht fue por tanto el verdadero cerebro y principal beneficiario de toda esta megacorrupción. Sin embargo, gracias a su pacto con la fiscalía, Odebrecht seguirá operando en Perú pagando una ridícula indemnización en un generoso plazo de 15 años porque los 524 millones de soles sobrantes del total confiscado deberán regresar a sus manos. Es que para la justicia peruana la confesión del crimen debe ser premiada con la impunidad. A Odebrecht se le ha asignado ingeniosamente el papel de “colaboradora eficaz”, como si se tratase de un delincuente menor que delata a los cabecillas de su organización, cuando es por lo menos tan responsable penalmente como Keiko, García, Toledo y demás políticos corruptos. Las pruebas contra Odebrecht y sus políticos ya existían antes de este pacto, por tanto, su principal finalidad fue evitar que Odebrecht y sus gerentes reciban algún tipo de castigo. Lo peor de todo es que este pacto ni siquiera garantiza que sus políticos vayan a la cárcel. La propia fiscalía ha reconocido solo 4 casos de corrupción cuando hay pruebas para otros 20 como ha denunciado hasta “Hildebrant en sus trece”. Una jueza ya ha aprobado este acuerdo y nada impide que otros jueces ayuden a absolver a todos los políticos burgueses comprados por Odebrecht. La nueva información obtenida en Brasil no alterna esta situación ya que la misma fiscalía ha reiterado que respetará su pacto “impopular” con Odebrecht a toda costa. No obstante, si de verdad Pérez, Carhuancho y Gorriti querían favorecer a Odebrecht, ¿por qué armaron entonces toda esta investigación fiscal y periodística? ¿No habría sido mejor no hacer ni decir nada asesinando a los testigos como en Colombia? Lo que sucede es que en Perú el régimen político está en crisis. Si el gobierno de Vizcarra no hubiera apoyado estas investigaciones contra la mafia “fujiaprista” hace rato que habría caído. Este empresario de la construcción también está vinculado a varios casos de corrupción que nadie investiga porque supuestamente solo el fujimorismo roba. Lo cierto es que hasta “demócratas” y “nacionalistas” se han vendido a Odebrecht (Toledo, Villarán, Humala, etc.) y el expremier de Vizcarra, César Villanueva, tampoco fue la excepción como se acaba de destapar. Esta empresa brasileña, sucursal de Wall Street, les ha quitado la máscara a todos los políticos burgueses, de derecha a izquierda. El régimen tambaleaba y era necesario intentar estabilizarlo con el cuento de “la lucha contra la corrupción”, dejando la contaminación minera y la explotación laboral en un segundo y tercer plano. Ahora los falsos socialistas de clase media (incluyendo los de Uníos y el PST) se lamentan de que Vizcarra suba en las encuestas justo cuando está bañando de sangre Arequipa, olvidando convenientemente de que hace muy poco dieron todo su respaldo a cada maniobra engañosa de la fiscalía y de IDL-reporteros, soportes del actual régimen burgués “democrático”. Nos vendieron el cuento de una “justicia independiente” cuando hace tiempo se sabe que el Derecho es solo la continuación de la Política por otros medios. En lugar de plantear la destrucción del Estado burgués y su justicia para los ricos, han sido parte de esta cortina de humo contra los trabajadores. Para desintoxicarnos es necesario leer el siguiente artículo…
¿Qué es la “colaboración eficaz”?
Fue el contador del gánster más famoso en la historia de Estados Unidos el que abrió las rejas para que entre Al Capone a cumplir una condena de 11 años en 1931. El testimonio de su contador determinó la utilización de una “colaboración” desde dentro de la organización para que Alphonse Gabriel Capone sea condenado por evasión de impuestos, porque no se le pudo condenar por dirigir una organización dedicada a la explotación de la prostitución, el juego ilegal y el tráfico de alcohol.
Desde entonces[i], muchos países han establecido procedimientos legales y formales –pese a los cuestionamientos doctrinarios y morales[ii]– para crear incentivos que los lleven a obtener la información clave de un integrante para la desarticulación de redes criminales, esto es, una “colaboración eficaz” basada en el reconocimiento de premios al delator, como es la reducción de penas.
Pero se deben cumplir ciertos requisitos: establecer que sólo deben proceder para delitos específicos y el colaborador debe aportar información que sea eficaz en una investigación penal; la información debe ser oportuna, es decir, contribuir a lograr la captura y condena de los autores de los delitos, y debe ser verificable a través de métodos de investigación científica. Cumplido esto, el colaborador eficaz puede obtener cualquiera de los siguientes beneficios: que no se le aplique ninguna pena, disminución de la pena, suspensión de la ejecución de la pena, o dar por cumplida la pena para quien la está cumpliendo[iii].
Odebrecht como colaboradora eficaz
En nuestro país la colaboración eficaz ha servido para condenar tanto a personajes como Alberto Fujimori, Montesinos, como a Abimael Guzmán. Pero es en estos últimos meses que la discusión en torno a esta figura penal se ha acrecentado a raíz del publicitado acuerdo de colaboración eficaz suscrito por los funcionarios de la empresa brasilera Odebrecht y el Ministerio Público peruano, por el caso llamado Lava Jato.
Lo peculiar de este acuerdo, ya aprobado por el Poder Judicial, es que aquí el colaborador no es el subordinado que otorga información para condenar al cabecilla o jefe de la red criminal; sino todo lo contrario: se está usando al jefe, al corruptor (Odebrecht), para inculpar a su empleado político de turno, el político corrompido (Keiko, Toledo, Ollanta, etc.). Es como si se liberara a un león para atrapar un ratón.
La operación denominada Lava Jato (“lavado de chorro”) empezó en el año 2013, cuando la Policía Federal de Brasil descubrió una operación de “lavado de activos” que utilizaba una gasolinera, donde también se lavaba carros, pero que al profundizarse la investigación llegó hasta las grandes operaciones ilícitas que hacía Petrobras (empresa petrolera estatal brasileña), que licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil. Para favorecer la contratación de ciertas empresas (aproximadamente 25), la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema (lavado) a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas fachada, a cuentas en China y Hong Kong. El crimen tenía connotaciones internacionales, por lo que se abrió proceso judicial en Estados Unidos de Norteamérica por ilícitos que Petrobras y otras empresas cometieron en ese país imperialista[iv]. Se habla de lavado de dinero por cerca de 8,000 millones de dólares, entre 2004 y 2012 en toda América Latina.
Una de esas 25 empresas corruptoras fue Odebrecht, que en diciembre de 2016 ante una corte de Nueva York reconoció el pago en Perú de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014. En los siguientes meses también se revelaron “donaciones” no declaradas con las que financiaron irregularmente a las campañas electorales de gran parte de los líderes políticos del país. A raíz de estas revelaciones, en el Perú se abrió investigación penal contra los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además contra Keiko Fujimori, ex candidata presidencial e hija del exdictador Alberto Fujimori y contra la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán.
La ley Odebrecht (30737)
Como hemos dicho líneas arriba, Odebrecht ha confesado que como empresa en el Perú ha propiciado la comisión de varios delitos (“colusión”, “tráfico de influencias” y lavado de activos). La legislación burguesa en el Perú reconoce que una empresa o “persona jurídica” sí puede tener responsabilidad penal por actos realizados por sus gerentes, pero no permite que sus dueños vayan a la cárcel[v]. Para encubrir esta impunidad, se le imponen sanciones económicas como la limitación de ejercicio de algunos derechos (cierre de locales, disolución, prohibición de realizar algunas actividades), sanciones confiscatorias y la publicación de la sentencia.
Sin embargo, no estaba establecido que una empresa o una persona jurídica pueda acogerse al proceso de colaboración eficaz. El congreso arregla esta situación emitiendo en marzo de 2018 la ley 30737 que establece que las personas jurídicas pueden acogerse a un proceso de colaboración eficaz, en el que las sanciones que se negocian no son penas, sino consecuencias económicas. Todo listo para que Odebrecht pueda seguir operando legalmente mientras sus gerentes se libran también de castigo, sentando un precedente nefasto de impunidad total para las grandes empresas.
Otra circunstancia que debemos tener en cuenta en esta negociación es que ya el Decreto Legislativo 1301, emitido por Pedro Pablo Kuczynski en diciembre de 2016, permitía que los jefes, cabecillas o dirigentes principales de organizaciones delictivas y los que han intervenido en delitos que han causado consecuencias especialmente graves puedan obtener los beneficios de una colaboración eficaz, aunque con restricciones, por supuesto, para que no se diga que el Estado peruano otorga libertad absoluta a un jefe de banda criminal.
Marcelo Odebrecht (dueño y ex presidente de la empresa) y Jorge Barata (director ejecutivo de la empresa en el Perú) se acogieron en el año 2017 al procedimiento de colaboración eficaz para reducir sus condenas y empezaron a colaborar con la justicia de Brasil y Perú, pero como personas naturales, pues aún no estaba claro que una persona jurídica, como una empresa, pueda acogerse a ese procedimiento.
El contenido del acuerdo
El discurso de los fiscales burgueses de Perú consistió en que lo más importante era procesar y condenar solo a los agentes políticos de Odebrecht, para lo cual se le debería dar facilidades para que siga dando “información y acceso a las pruebas”.
Es así que el 13 de febrero de 2019, el equipo de fiscales de Lava Jato viajó a Brasil para interrogar a los trabajadores de la empresa Odebrecht, y para firmar el acuerdo definitivo de Colaboración Eficaz y Beneficios. Esto último se realizó el 15 de febrero de 2019. El monto de la reparación civil acordado es de S/ 610 millones, más los intereses legales, que ascenderán a S/ 150 millones. El dinero será pagado en un plazo de ¡15 años! con una garantía de un fideicomiso y un anticipo de S/ 80 millones. Eso no es todo, esta empresa corruptora puede continuar operando en el Perú y seguirá “concursando” para obtener licitaciones de obras de construcción del gobierno y conservará todas sus propiedades en el país. Peor aún: Odebrecht está a punto de recibir los 524 millones soles que sobraron de la venta de su hidroeléctrica Chaglla confiscada por el Estado, a pesar de que todavía debe casi 800 millones, debido a que esto es parte esencial de su acuerdo con la fiscalía.
El pretexto para tanto beneficio es que Odebrecht daría información, respaldada por documentación extraída de sus servidores informáticos My Web Day y Drousys, respecto a cuatro proyectos en los que ha admitido a la justicia peruana haber dado coimas: Corredor Vial Interocéanico Sur (tramos 2 y 3), Línea 1 del Metro de Lima (tramos 1 y 2), Vía Evitamiento del Cusco, y Proyecto Vía Costa Verde-tramo Callao.
Respecto al caso del Metro de Lima, proyectado como el tren eléctrico en el primer gobierno de Alan García y continuada en su segundo gobierno, Odebrecht en diciembre de 2016 confesó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos haber dado 1.400.000 dólares para ganar la adjudicación. Luego, el 20 de enero del 2017, Odebrecht reveló que el pago en coimas fue por 8.100.000 dólares. En octubre de 2018 un exdirectivo de Odebrecht reveló que el pago total de coimas por dicha obra (tramos 1 y 2 de la Línea 1) fue de 24 millones de dólares. Con el desvelamiento del secreto bancario de la Banca Privada d’Andorra (BPA), un paraíso fiscal, se prueba que por esa cuenta pasó el dinero de las coimas y se logró incautar US$ 1.304.703. Al incluirse a Luis Nava Guibert (ex secretario de la presidencia de Alan García y ex ministro de la Producción), a su hijo José Antonio Nava Mendiola y a Miguel Atala (exvicepresidente de Petroperú) en la investigación fiscal por las coimas recibidas, la fiscalía plantea que el dinero estaría en realidad destinado al ex presidente Alan García, pues otro funcionario de la empresa confesó que el mismo Jorge Barata le pidió que pague US$ 100 mil a García, simulándolo como si fuera el pago por una conferencia. García, además, estaba siendo investigado por lavado de activos en el caso de la supuesta recepción de dineros de Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2006. Los defensores del convenio de colaboración eficaz afirman que todo esto se probará en proceso judicial gracias a ese convenio (menos los pagos a Alan García, puesto que sus delitos se fueron con él).
Respecto a la Carretera Interoceánica en el sur peruano, construida por la empresa Odebrecht durante el gobierno de Alejandro Toledo, éste fue acusado de recibir 20 millones para favorecerla en la licitación. Ya Toledo y su esposa Eliane Karp tenían abierto un proceso por lavado de activos, el llamado caso Ecoteva, por una cuenta offshore que estaba a nombre de la suegra de Toledo, en la que estaban depositados millones de dólares que se usaron para adquirir inmuebles en el Perú. El dinero fue traspasado desde una cuenta de la compañía de propiedad de Josef Maiman. El origen del dinero se aclararía con la revelación de Barata en 2016, pues dijo que Toledo cobró a Odebrechet una coima de 20 millones. Maiman era su testaferro. Barata no sólo ratifica esa coima en el interrogatorio que le hicieron los fiscales en Brasil en febrero y abril de 2019, sino que agrega que aportaron 700 mil dólares para la campaña de Toledo en 2001 y que la coima por la Interoceánica fue de 33 millones de dólares y no 20 millones de dólares, pues le seguían remitiendo dinero a través de sus testaferros.
En febrero de 2019, en Brasil, Sergio Nogueira Panicalli, ex directivo de Odebrecht, declaró ante los fiscales peruanos que se pagaron US$ 45 millones en sobornos por la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur. Nogueira detalló que Odebrecht pagó el 70% del soborno, mientras que el 30% restante fue cubierto por las empresas peruanas socias: Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA. En abril de 2019, Jorge Barata reafirmó que estas empresas tenían conocimiento de los pagos de sobornos por la Interocéanica Sur y el Metro de Lima, y que aceptaron poner su parte en los sobornos.
Lo que el acuerdo calla
Las cuatro obras que comprende el acuerdo de colaboración eficaz con Odrebecht no son las únicas en las cuáles se perpetraron coimas, lo sabemos. Los “colaboradores” están dando información sobre estos otros casos: respecto al caso Keiko Fujimori y Fuerza Popular, Jorge Barata reveló que sostuvo reuniones con la ex candidata presidencial Keiko Fujimori durante la campaña electoral del 2011. En mayo de 2017, Marcelo Odebrecht confirmó que entregó dinero a los principales candidatos presidenciales del 2011, entre ellos a la candidata fujimorista. En febrero de 2018, Barata reveló al equipo de la fiscalía peruana haber dado un aporte de un millón doscientos mil dólares a favor de la campaña electoral de Keiko en el 2011, y que los intermediarios de esa entrega habían sido Jaime Yoshiyama Tanaka, Augusto Bedoya Cámere y Ricardo Briceño (entonces presidente de la CONFIEP).
Respecto a Ollanta Humala y Nadine Heredia, según las primeras declaraciones de Jorge Barata, la empresa Odebrecht habría entregado US$ 3 millones para financiar la campaña electoral de Ollanta Humala del 2011, por intermedio de Nadine Heredia, la esposa de Humala. Jorge Barata y Marcelo Odebrecht ratificaron su versión hasta en dos oportunidades. La empresa brasileña entregó también documentos que probaban las transferencias de dinero realizadas al Partido Nacionalista. Incluso, muchas de estas se habrían realizado cuando Ollanta ya ejercía la presidencia del Perú.
A Susana Villarán (alias “Careca”) también se le probaría delito con las declaraciones de Barata, puesto que en abril de 2019 este reconoció ante los fiscales peruanos que aportaron US$3 millones a la campaña contra su revocatoria impulsada por Castañeda Lossio, quien también habría recibido dinero de Odebrecht. Asimismo debemos agregar que Marisa Glave de Nuevo Perú, mano de derecha de Villarán en esa campaña, también podría haber tenido conocimiento de estos pagos ilegales.
Con la colaboración de la empresa Odebrecht la justicia peruana tendría evidencias de su sistema de pagos de las coimas a través de “La Caja 2” o “DOE” con el sistema operativo “My Web Day”. Las coimas, sobornos y otros pagos ilícitos de la empresa Odebrecht se hacían a través del Departamento de Operaciones Estructuradas (DOE) o Caja 2, que administraba la contabilidad paralela de la compañía. Para su uso se creó un software corporativo, llamado My Web Day B, donde se archivaban todas las transferencias de dinero, el funcionario que autorizaba el pago, el beneficiario con alias y la obra de la que salía el dinero. Su acceso era exclusivo para un diminuto equipo de no menos de cinco personas, a excepción de Marcelo Odebrecht, que recibía informes periódicos. Otro sistema informático usado era el llamado Drousys, que era un sistema de correos electrónicos utilizado por los del DOE para comunicarse con los ‘doleiros’ (traficantes de divisas), testaferros y operadores financieros.
Los fiscales del Perú aceptaron las condiciones impuestas desde el Brasil y los primeros archivos extraídos de My Web Day llegaron a sus manos: uno referente al caso Cócteles, que involucraba a Keiko Fujimori en la recepción de dinero ilícito para su campaña electoral de 2011; y otro referente al pago de 100.000 dólares a favor de Alan García por una conferencia. Esta información a cambio de la impunidad de Odebrecht (los corruptores no pisarán nuestras cárceles), el pago de indemnización para el país a un larguísimo plazo y, sobre todo, el permiso para seguir operando en el Perú, es decir, le dan el cuero para que saque la correa (pago de indemnización) y se pueda quedar con todo el resto del cuero, suficiente para pagar las grandes deudas que actualmente tiene la empresa y seguir disfrutando de su vida burguesa.
Las pruebas del Ecuador
Sin embargo, el periodista ecuatoriano Anderson Boscán obtuvo el año pasado 33,000 archivos que contenían planillas contables de pago de coimas en el Perú y otros países de América Latina del sistema informático DOE de Odebrecht, almacenadas en una memoria externa, entregados por un informante, un funcionario de Odebrecht en Ecuador, según la investigación publicada en el semanario Hildebrandt en sus trece, de fecha 28 de junio de 2019. En este mismo artículo periodístico se detalla que la información fue corroborada, después de cuatro meses de investigación, por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) –que también destapó el caso de los “Panama Papers”– por lo que las planillas han sido difundidas por esta organización el mes pasado. Las planillas darían cuenta de sobornos de Odebrecht en el Perú no informados por los “colaboradores eficaces”, como las coimas en el Gaseoducto del Sur, Chavimochic, H2 Olmos, Vías Nuevas de Lima, Carretera Chacas-Carhuaz, Proyecto Corredor Vía Hualampampa-Vado Grande, Vía de Evitamiento del Cusco y Tren Eléctrico, tramos 1 y 2. Esta información, obtenida de un colaborador anónimo resulta más eficaz que la obtenida por nuestros Fiscales, pues no ha habido un pacto de impunidad de por medio.
Hildebrandt en sus trece nos sigue contando[vi] que en las planillas entregadas existen evidencias que Odebrecht usó a otra empresa para transferir soborno a una persona identificada con seudónimo de “Charlie” por el proyecto H2 Olmos, durante el gobierno de Humala; pago de soborno por la obra Corredor Vial Hualampampa-Vado Grande a una persona con el alias de “Flaco”; pagos ocultos por la obra “Rutas de Lima” a personas con seudónimos de “JLO”, “Cabello de muñeca”, “Viernes”, “Calvo”, “Bigote” y “Budián” (sería el ex gerente de la Municipalidad de Lima en la gestión de Susana Villarán); pagos de sobornos por la carretera Chacas-Carhuaz a “Darth Vader” (hombre de confianza del exgobernador de Ancash, César Alvarez); pagos ilícitos por el proyecto Chavimochic a “Escorpión” y “Radox”.
En la sentencia judicial que aprueba el pacto de “colaboración eficaz” se hace referencia que Odebrecht está brindando información en otras 16 investigaciones no incluidas en el pacto; pero no se tratan ninguna de esas investigaciones de los casos de coimas mencionados en el párrafo anterior, en los cuáles la responsabilidad de la empresa brasileña es evidente, como también es evidente su participación delictiva en los 16 casos que menciona la sentencia, como Gaseoducto del Sur, Club de la Construcción, entre otros. Sin embargo, en la sentencia se establece que la Fiscalía ha evidenciado sospechas de culpabilidad únicamente en los cuatro casos que comprende el acuerdo.
Odebrecht redactó el “acuerdo”
En el acuerdo se ha eliminado también el reconocimiento del delito de cohecho (soborno), es decir, Odebrecht sólo reconoce el delito de “colusión agravada”. Lo peor es que el propio fiscal Rafael Vela Barba, jefe del equipo especial Lava Jato del Ministerio Público, declaró que sí conocía de pagos ilegales en Gaseoductos de Sur y otros proyectos, pero no le comunicó esto a la jueza que finalmente aprobó el pacto. No le pudo ir mejor a los empresarios brasileños.
Supongamos, sin embargo, que el acuerdo era válido, que sin las nuevas confesiones y pruebas ofrecidas por Odebrecht no había forma de culpar en lo más mínimo a Keiko, Toledo, Villarán, etc. Aún en este caso se habría podido negociar de otra manera ofreciendo, por ejemplo, una rebaja de la pena pero jamás la impunidad total y la devolución de millones como ha pactado la fiscalía peruana.
Es que esta no fue una verdadera negociación porque los fiscales Pérez y Vela hicieron exactamente lo que Odebrecht necesitaba: la libertad total para seguir con sus negocios turbios en el Perú. ¿Es posible imaginar una “negociación” más favorable para Odebrecht? ¿Qué peso puede tener una multa de 800 millones de soles pagada en 15 años, para una empresa que tenía un flujo de 10 millones de dólares diarios? ¿Y si finalmente se le devuelven los 524 millones que exige su pacto con la fiscalía? Lo único que faltaba era que se le pague a Odebrecht por hablar. Y en cierta forma en esto consiste el acuerdo de Pérez y Vela, porque lo que va a ganar Odebrecht en Perú en los próximos 15 años es 10 veces lo que pagará de indemnización. Es la mejor inversión de su vida.
Pérez no negoció nada, Odebrecht fue a solicitar impunidad total para poder seguir operando en Perú y Pérez se la otorgó. Prácticamente Odebrecht redactó el “acuerdo”, o mejor dicho, la orden. Lo peor de todo es que marca un precedente nefasto de impunidad. Si en el futuro una empresa soborna funcionarios, bastará que pague una multa para librarse de toda culpa. Los únicos que tendrían que estar preocupados serían los políticos que acceden a ser sobornados. Pero tampoco está claro el destino final de los políticos de Odebrecht. Alan se suicidó por su vanidad esquizofrénica, Keiko sonríe esposada porque sabe que saldrá libre. El final tragicómico del pacto de Pérez y Vela es que todos terminen libres. Es decir, dejaron en libertad a Odebrecht a cambio de nada. Se han obtenido pruebas, pero, ¿eso garantiza que los jueces las acepten?, ¿podemos confiar en la nueva Junta Nacional de Justicia? Se han obtenido pruebas, no condenas. Lo que se vende como ejemplo mundial de justicia puede terminar en uno de los escándalos de impunidad más grandes de la historia de América Latina.
En el 2016, la Procuraduría tenía por investigar 32,000 casos a nivel nacional por corrupción, pero solo 14,000 fueron llevados a la Fiscalía. De estos, 3,346 determinaron una condena y 506 personas fueron a la cárcel. Esto significa que solo el 2% de las denuncias terminó con alguien en prisión[vii]. Está demostrado, pues, que la justicia burguesa no presta ninguna garantía para perseguir y sancionar a las empresas capitalistas corruptoras y a sus empleados políticos, los gobernantes de turno, los corruptos. La corrupción le cuesta al país unos US$ 5.198 millones anuales según el contralor de la República[viii], es decir, la riqueza creada por la clase obrera va a parar a manos de los empresarios (utilidades) o de los gobernantes corruptos, pero no a sus manos. La clase obrera solo puede confiar en sus propias fuerzas para acabar con la corrupción.
[i] Si bien es cierto desde la Roma Antigua, pasando por la Inquisición, se ha usado la delación con beneficios penales, las características actuales de la “colaboración eficaz” corresponden a una respuesta del Derecho Penal burgués a los grupos “terroristas” y mafias capitalistas que fueron apareciendo en la década de los setenta en Italia (Ley de 1979 de “lucha contra el terrorismo”), España, Alemania y Estados Unidos, siendo que “se ubica dentro de la lógica del derecho penal moderno” (Castillo, J.L., 2018, citado por Patrick De Gennaro-Dyer, en Perspectivas sobre la colaboración eficaz de las personas jurídicas, 2018).
[ii] Por ejemplo, el jurista italiano Cesare Beccaria (en De los delitos y las penas, 1764) fue parte de quienes han expresado su “repugnancia” por un sistema estatal que “autoriza la traición, cuando esta es detestable, aun entre malvados; y cuando implica, además, la propia incertidumbre y flaqueza de la Ley, que importa el socorro de quien la ofende” (citado por De la Jara Basombrío, La colaboración eficaz contra el crimen organizado, entre lo permitido y prohibido por el derecho, 2016).
[iii] Artículo 475° del Código Procesal Penal Peruano.
[iv] Lo más probable es que EEUU haya buscado usar las confesiones de Odebrecht para justificar la persecución política contra el reformista “Partido de los Trabajadores” de Brasil.
[v] Obviamente siempre y cuando el dueño no sea al mismo tiempo gerente de su empresa (como es el caso de Marcelo Odebrecht).
[vi] Edición del 19 de julio de 2019.
[vii] Mapeo de Iniciativas Anticorrupción en el Estado Peruano, La Sociedad Civil y Las Empresas, realizado por la Universidad Ruiz de Montoya: https://rpp.pe/politica/estado/dos-de-cada-100-denunciados-por-corrupcion-van-a-prision-noticia-1068877 y https://plataformaanticorrupcion.pe/
[viii] https://www.americaeconomia.com/politica-sociedad/politica/peru-pierde-al-ano-casi-us5200m-por-actos-de-corrupcion-en-todos-los
