Albergues del horror
La imagen de niñas uniformadas, cabizbajas y sin signos de felicidad, mostradas como propaganda ejemplificadora de que una maternidad precoz y violenta no importa si es que se trata de cuidar el embarazo, ha conmocionado a nuestro país y al mundo. Para colmo, la gestora del albergue donde se encuentran las niñas es una congresista, Milagros Jáuregui, y ella misma propaló la imagen, pues, como pastora religiosa, difundía muy orgullosa “su” albergue donde “ayudaba” a las niñas a tener a sus bebés, que es lo único que le importa. Declaró también que no identifica a las niñas como víctimas, pese a que se encuentran en ese albergue porque sufrieron violación sexual.
Después del escándalo, las autoridades del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMPV) corrieron a hacer inspecciones al establecimiento, pues una de sus funciones es supervisar los hogares destinados a niños en abandono en el país. Es decir, ante la incapacidad del Estado peruano de acoger a todos los niños en abandono, se ha diseñado un programa en el cual se permite que particulares (ONG, instituciones religiosas, asociaciones) mantengan estos lugares de acogida, bajo supervisión del MIMPV, eso sí. La verdad, que ni siquiera el Estado tiene capacidad para la supervisión.
“La casa del padre”, denominación del albergue (o Centro de Acogida Residencial) donde se encontraban las niñas en mención, fue promovido por la congresista Milagros Jáuregui y después ha delegado su patrocinio a la institución religiosa que ella misma ha formado con su cónyuge, Guillermo Alayo, siendo la hija de ambos la que actualmente dirige esa casa del horror. La denominación es la misma que la de su entidad religiosa. ¿De dónde obtiene recursos para mantener el albergue? No se ha difundido. Lo cierto es que el Estado peruano le otorgó la acreditación para que funcionara y el mismo Estado enviaba a las niñas víctimas de violación a ese albergue. Por eso la congresista decía que todo estaba en orden en su albergue.
En el Perú existen 235 Centros de Acogida Residencial (CAR), entre públicos y privados. Desde el 2018, con el Decreto Legislativo N.° 1297, existen estándares mínimos de funcionamiento, pero hasta hoy existen 54 CAR que mantienen requisitos pendientes para completar su acreditación ante el MIMP. Los estándares mínimos son necesarios para que los niños, niñas y adolescentes sean realmente protegidos y respetados sus derechos, pues para esta población que ya ha pasado por experiencias de abandono y/o violencia, lo único que necesitan es que esta vez la protección no les juegue en contra.
Pese a que la acreditación la obtuvo este CAR en febrero de 2024, que ya ha tenido “supervisiones” del MIMPV (con fotos sonrientes de la Ministra y la congresista), ahora, con nueva supervisión y la visita de la Fiscalía de Familia destinada a verificar la protección de sus derechos a la identidad, dignidad, privacidad y desarrollo integral, las niñas están siendo trasladas a otros CAR. ¿Ahora sí encontraron irregularidades?
Por otro lado, si bien es cierto que la ley permite el diseño de políticas de intervención del Estado para sectores específicos de niños, niñas y adolescentes (como los problemas de adicción a las drogas), no entendemos cómo es que se permite un lugar específico para niñas víctimas de violencia sexual, ¿es que son personas distintas a los otros niños o niñas?, ¿las separan para que no “contaminen” a los demás? ¿es esta la única forma de resguardar su derecho a la intimidad y a la privacidad? Estas niñas han sufrido abandono de sus familias (o al menos así lo ha calificado el Estado, por eso están en este centro), ¿ahora tienen que sufrir la segregación? Pues este CAR no ha servido para proteger ninguno de sus derechos.
Es evidente con la fotografía que mencionamos al principio y con las declaraciones de la señora Jáuregui que no se respeta ningún derecho a su intimidad. Dado el sesgo de dicha promotora (que promueve leyes contra el aborto terapéutico, la igualdad de género y la educación sexual), tampoco está garantizados sus derechos reproductivos, no hay claridad si las niñas decidieron llevar adelante el embarazo producto de una violación y de alto riesgo debido a su edad.
Es evidente, también la incapacidad del Estado para brindar real protección y respeto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pues si no se destinan recursos económicos suficientes, personal especializado bien remunerado para su atención, no se asegura atención educativa y médica de calidad, calidez y escucha real de cada niño o niña, más aún si es víctima de una de las peores formas de violencia, como lo es la violencia sexual, estamos hablando de que es peor la cura que la enfermedad.
Un Estado inmerso en la economía capitalista mundial no garantiza el bienestar de su niñez. Dicen que el Perú representa un milagro económico. Nos imaginamos que es un milagro para las doscientas o trecientas familias beneficiadas por esta economía. Pero para la clase obrera, para los pobres, como estas niñas uniformadas que pertenecen a la clase obrera (de otro modo, no estarían en esta situación) no hay milagros, solo dolor y vergüenza, lo delatan sus rostros.
Solo la clase obrera en un gobierno obrero puede arrullar a su niñez, reconociéndole su autonomía de acuerdo a su edad, en respeto sumo a su condición etaria. Ya lo decía Trostky, el socialismo debería eliminar las causas que empujan a la mujer al aborto, en vez de hacer intervenir indignamente al policía en la vida íntima de la mujer para imponerle “las alegrías de la maternidad”.
