Un nuevo asalto revolucionario en Bolivia
La crisis actual en Bolivia expresa las irreconciliables confrontaciones de dos clases sociales enemigas. Luego de que Evo Morales huyera a México tras un golpe de Estado, se impuso el gobierno encabezado por Jeanine Áñez sostenido por viejos militares del Estado burgués que había encabezado Morales. La burguesía creyó que las masas podían ser controladas por el MAS, pero la presión de las movilizaciones obligó a convocar elecciones. De esta manera, Luis Arce tomó la posta, sin embargo, su derechización terminó abriendo un conflicto en el Movimiento al Socialismo, lo que paralizó relativamente al movimiento de masas.
Como resultado de esta situación, las elecciones de noviembre del año pasado fueron disputadas en una histórica segunda vuelta entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, dos abiertos sirvientes del imperialismo. La jugada estratégica de Paz fue llevar como vicepresidente a Edman Lara, un excapitán de policía que se ganó el apoyo de Morales. Finalmente, con los votos de Evo Morales y las felicitaciones de Luis Arce se consolidó la victoria del “capitalismo para todos”. «Es un voto con mandato para que no destruya el Estado Plurinacional y todas las grandes transformaciones y conquistas sociales; que no aplique medidas neoliberales y que no se someta al imperialismo; que no sea represor; que no criminalice la protesta social; y que gobierne consultando al pueblo.», declaró el miserable oportunista de Evo Morales.
Es así cómo se erigió en el poder un gobierno del Partido Demócrata Cristiano, más como un producto de la descomposición del Movimiento al Socialismo y de Evo Morales, que de un giro de las masas hacia la derecha. Muy pronto la realidad terminó de demostrar que la clase obrera y el campesinado pobre boliviano no habían sido derrotados, sino que habían sufrido la consecuencia de la desorientación consciente de sus líderes.
En diciembre del año pasado llegó el primer ataque serio contra las condiciones de vida del proletariado. Se promulgó el DS 5503 que eliminó los subsidios del combustible lo que terminó ocasionando fuertes manifestaciones hasta enero de este año. Esta lucha se cerró con la derogación del decreto, el fin de las movilizaciones y la elaboración de un nuevo decreto consensuado entre los burócratas de la Central Obrero Boliviana y el Gobierno.
Algunas fracciones de los “ponchos rojos” terminaron acusando al dirigente de la COB de vendido, este se apresuró a declarar que “La lucha era clara y no los hemos traicionado (…) Aquí ha ganado la democracia sindical”. Sin embargo, días después se emitió el DS 5516 que mantenía el reajuste económico, es decir el recorte del subsidio a la gasolina y al diesel, pero esta vez con la venia de los mismos dirigentes sindicales que, incluso ahora, terminaron agradeciendo al Gobierno. Evidentemente, los trabajadores no quedaron satisfechos y pronto volverían a las calles denunciando la adquisición de gasolina basura que afectó al transporte urbano y maquinarias en el campo.
En abril el gobierno volvería a atacar, esta vez al campesinado con la promulgación de Ley 1720. Con este se impulsaba una reclasificación de las tierras que transformaba la pequeña propiedad del campo considerada inembargable en mediana propiedad convirtiéndola en un activo financiero. Esto permitía dejar la tierra como garantía para préstamos abriendo la puerta al embargo por deudas y la concentración en manos de grandes propietarios. Semanas después el gobierno tuvo que retroceder ante la llegada a La Paz de miles de campesinos aymaras, juntas vecinales y mineros, por lo que la dirigencia de COB se vio presionada a llamar nuevamente a las calles.
La inflación que venía en aumento desde los anteriores gobiernos provocó la elevación del costo de vida, a pesar del decreto de aumento salarial del año pasado y el otorgamiento de bonos, pactado con la burocracia sindical; así no se pudo contener el enardecimiento de las movilizaciones que terminó desbordando a las dirigencias y sus tímidas críticas al Gobierno. Ahora, obreros y campesinos toman las calles y principales carreteras en La Paz.
Mientras tanto, el Gobierno avanzó con la eliminación de la Ley 1341, que limitaba las medidas de Estados de Excepción, el uso indiscriminado de fuerza y la actuación de las Fuerzas Armadas para apaciguar las movilizaciones. Esta norma fue decretada en el Gobierno de Añez luego de perpetrar las masacres de Sacaba y Senkata. Esto solo anuncia que el Gobierno de Rodrigo Paz se prepara para perpetrar más masacres con total impunidad. Las masas lo han entendido bien por eso ahora gritan: ¡Abajo el gobierno de Paz! y ¡Ahora sí, guerra civil!
No se debe olvidar que, en 2010 Evo Morales y García Linera también quisieron imponer un gasolinazo, pero tuvieron que retroceder por las intensas movilizaciones. Luego, en 2011 e impulsado por la constructora OAS (denunciada por el caso Lava Jato) se quería imponer la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, afectando las tierras de campesinos indígenas y reservas naturales. Morales mandó reprimir a los campesinos del TIPNIS dejando muertos a su paso.
Ahora, este gasolinazo y ataque a las tierras campesinas nuevamente produce movilizaciones. Los obreros y campesinos no salen a enfrentarse al llamado “neoliberalismo”, sino al atentado contra sus recursos y condiciones miserables de vida, aunque lo imponga un bolivariano. O más claro, los bolivarianos también pretenden rematar los recursos a su manera. Solo la movilización, sobre la que se montan estos capitalistas plurinacionales y andino amazónicos, es la que les para la mano o si no tendrían el mismo destino que Gadafi.
La lección del proletariado y campesino pobre boliviano no radica en que debemos encargar la resolución de nuestras demandas a un gobierno de Evo Morales o en que la renovación de cuadros del MAS (u otra versión de Frente Popular: Evo Pueblo) pueda evitar las disputas partidarias ni mucho menos en una “oposición constructiva” encarnada en el viceministro Lara. Lo que enseñan las masas bolivianas al irrumpir violentamente en la vida política con la capacidad de traer abajo a cualquier gobierno, es que debemos confiar en nuestras propias fuerzas y organización independiente de cualquier fracción “nacional-popular” que terminará huyendo.
Solo la movilización revolucionaria puede arrancar victorias parciales al imperialismo, desarmar a la casta militar, nido de reaccionarios y sirvientes de la CIA, por lo que se hace necesaria la lucha por la toma revolucionaria del poder y el establecimiento de la dictadura del proletariado con apoyo del campesinado pobre frente a la dictadura que ejerce la burguesía.
Todas las fuerzas reformistas han tratado de impedir este levantamiento y cercan cada acción independiente de las masas. La dirigencia sindical de la COB, el MAS y Morales no permiten que La Paz, actualmente aislada, se vea apoyada por el estallido del resto del país. Estas dirigencias se niegan abiertamente a traer abajo al régimen burgués, llamando a someterse a sus instituciones, sus mesas de negociaciones y a nuevos procesos electorales para desviar la lucha revolucionaria.
De este levantamiento deben emanar organismos de lucha que sobrepasen las limitaciones que imponen las dirigencias del sindicalismo reformista. Las bases obreras deben conquistar la mayor unidad de acción con todas las corrientes del movimiento proletario de las demás provincias y unirse con los campesinos pobres. Para enfrentar la represión del gobierno, se deben armar con lo necesario a las masas y votar un plan de lucha que inicie con el derrocamiento revolucionario del gobierno burgués. Las demandas por salario y empleo móvil, una profunda reforma agraria y la expropiación sin pago bajo control obrero y campesino de las transnacionales que siguen saqueando el país son las consignas de transición esenciales para avanzar en esta lucha.
Este incendio revolucionario no puede quedarse en Bolivia, debe estallar en toda la región. Ante las declaraciones de apoyos, los partidos obreros deben dejar de conciliar con las instituciones del régimen burgués y llamar a la lucha contra sus propios gobiernos, solo así se podrá extender la revolución y derrocar a los gobiernos burgueses, hoy sirvientes declarados de Washington y la carnicería que esparce por el mundo. Debemos unir todas estas luchas hasta los centros mismos de las metrópolis capitalistas. Debemos refundar un partido mundial, la Cuarta Internacional que pelee por la dictadura revolucionaria en América Latina y lidere la conquista de los Estados Socialistas Soviéticos de América contra las mentiras del chavismo que prometía el socialismo del siglo XXI. Hay que unir este combate con la resistencia palestina y las demás luchas proletarias contra el capitalismo en descomposición.
¡PASO A LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA MUNDIAL!
