¡Viva la lucha de los estudiantes!
Ni las redes sociales plagadas de odas a los “emprendimientos”, de “influencers” sin estudios, de diferentes formas de vender la fantasía de hacerte rico de la noche a la mañana, ni los políticos que pretenden hacer creer que el modelo económico actual te hará feliz, pueden contra la auténtica vocación por el estudio y la ciencia de los jóvenes. Entonces, ante la posibilidad de quedarse sin el acceso a la educación universitaria de calidad, muchachos y muchachas se levantan para defender su derecho a la educación y su derecho a participar en los gobiernos universitarios.
El 12 de mayo, estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba (UNIQ), en Cusco, tomaron las instalaciones del campus universitario como medida de protesta, exigiendo la reactivación de la construcción de su facultad en la zona de Potrero, obra que permanece paralizada, demandando la creación del departamento académico de Ingeniería Civil, la revisión de convenios institucionales, la implementación de laboratorios adecuados y transparencia en el manejo de los recursos universitarios. La respuesta a la protesta fue, como ya sabemos, la intervención de un contingente policial que intentó ingresar al local tomado.
En este mes también estalló la protesta de las alumnas y alumnos de la Pontificia Universidad Católica (PUCP) por la nueva escala de pensiones de esta universidad privada que elimina escalas (porque “las escalas más bajas están altamente subvencionadas”, a decir de sus autoridades) lo que significa incremento de costos para los nuevos ingresantes. Si ya ahora para muchos acceder a esa universidad es imposible debido a sus altos costos, aún en las escalas “altamente subvencionadas”, para nuestros próximos universitarios se tornará utópico. El rechazo de esta medida fue inmediato, de nada sirvió la explicación que eso aplicaba solo a los nuevos ingresantes, las protestas fueron imparables. Nuevamente, se trató de criminalizar la protesta que incluyó la toma de ambientes universitarios.
La Decana de América, Universidad Nacional de San Marcos, fue escenario de protestas de los estudiantes en este mes, quienes rechazaron tres reformas: el proyecto que permitiría la reelección de rectores, vicerrectores y decanos; el aumento de la valla electoral (porcentaje mínimo de votos que debe obtener una lista o agrupación estudiantil para poder acceder a cargos de representación en la universidad, que de 10% subió a 20%”) y la votación virtual, que ya ha fallado en esta universidad anteriormente. Los universitarios tomaron el campus, nuevamente se trató de criminalizar la protesta. Sin embargo, los sanmarquinos demostraron que sus reclamos no obedecen a partidos políticos burgueses y no permitieron que el candidato a la presidencia de la república Sánchez ingrese a la universidad.
Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) mantienen tomado el campus y la residencia estudiantil en protesta por la ocupación de la residencia desde hace veinte años aproximadamente por parte de los docentes, lo que resta espacios a los alumnos de bajos recursos económicos. Además, reclaman incremento y mejor calidad de las raciones del comedor universitario y la mejora en el servicio del bus universitario. La respuesta de las autoridades ha sido suspender las clases presenciales y actividades administrativas, todo lo cual se desarrolla en la modalidad virtual.
¿Estamos ante una crisis universitaria? Lo cierto es que la universidad peruana arrastra problemas desde hace décadas: falta de infraestructura, deficiencia de los servicios destinados al bienestar estudiantil, deserción universitaria, corrupción en el manejo de recursos y de contrataciones de docentes, carencia de calidad de enseñanza. Esto, cuando hablamos de universidades estatales, siendo su principal problema la falta de recursos económicos que el Estado debe proveer, pese a que estamos ante una “economía estable”, como dicen los políticos, refiriéndose a que el PIB ha crecido. Lo que no hay es la voluntad política de formar en ciencia a la clase trabajadora, que es la que accede a duras penas a las universidades públicas. Por eso es no destinan dinero ni tampoco garantizan la participación de los estudiantes en la administración de los pocos recursos que hay.
En el caso de las universidades privadas, su sola existencia es un claro mensaje que solo el que tiene plata debe formarse en las aulas universitarias. Pero eso tampoco garantiza una formación de calidad. Alberto Fujimori promulgó el Decreto Legislativo 882 en 1996, el cual permitió por primera vez la creación de universidades con fines de lucro y les otorgó beneficios tributarios. Si antes existían universidades privadas, al menos tenían la careta de ser asociaciones sin fines de lucro (aunque sabemos que no es del todo cierto). Con Fujimori pasaron a ser empresas y los estudiantes, clientes. Obviamente proliferaron universidades con bajísima calidad, que funcionaban en chifas o cocheras con fachadas de cartón, lo que generó una nueva crisis declarada por el Tribunal Constitucional en 2014. Entonces el Estado creó la SUNEDU, que a través de la implementación de “licenciamientos” intentó cuidar la calidad educativa universitaria, cerrando varias universidades al no otorgarles licencias para seguir operando, con la finalidad de favorecer a las grandes universidades privadas con fines de lucro como la Vallejo, que tampoco es de calidad.
Las universidades privadas que están rankeadas (están consideradas las mejores universidades, aunque a nivel internacional no llegan ni al puesto 300) son las más caras, son casi exclusivas para los hijos de empresarios o de profesionales de grandes empresas. Y aún las quieren volver más inaccesibles.
Las universidades públicas están abandonadas de recursos y la corrupción ronda su administración. Los hijos de la clase obrera carecen en este sistema de una educación pública de calidad, no solo porque no pueden pagar una universidad privada, sino que la universidad pública no le asegura ni vivienda, ni alimentación y menos acceso a libros y tecnología para acceder a la producción académica y científica universal.
Por eso las protestas son la única forma ahora que los jóvenes tienen para exigir su derecho básico a una educación universitaria de calidad y la respuesta no debe ser criminalizarlas. Si bien con las direcciones pacifistas de los estudiantes se ha logrado poco: que se suspendan las nuevas escalas de pago, en el caso de la PUCP y la renuncia del Comité Electoral Universitario, en caso de San Marcos, las bases estudiantiles están demostrando que solo la lucha es el camino para tener una educación universitaria realmente a la altura de las necesidades del pueblo, donde el estudiante no sea un cliente sino el gestor de su educación, para lo cual la universidad tendrá que recuperar su autonomía perdida a manos de los burócratas del Estado burgués o de su dueño, el empresario, porque así lo decidió la ley universitaria vigente, promulgada en el gobierno de Humala.
Del mismo modo que otros sectores de la clase explotada, como los agricultores hoy en paro en nueve regiones del país, la lucha a través de protestas, toma de carreteras, tomas de locales, es la forma cómo históricamente el pueblo pobre ha conseguido avanzar hacia el objetivo de tener un gobierno obrero y campesino, que sin duda es el único capaz de implementar la estatización de sin pago de las fábricas, minas, empresas agrícolas y, por supuesto, del sistema educativo en todos sus niveles, para ponerlas al servicio de los trabajadores. De esa forma se obtienen los recursos económicos que hoy no niegan para implementar universidades científicas al alcance de nuestros hijos e hijas.
¡Estatización sin pago de todo el sistema educativo!
¡Solo un gobierno obrero y campesino puede conquistar una universidad al servicio del pueblo pobre!
