¡Abajo la nueva Ley Agraria!
Por Tomás Alva
Desde que el régimen militar de Fujimori decidió entregar por completo el país a las transnacionales, se promulgaron leyes para recortar impuestos al empresario e ir eliminando los pocos beneficios laborales existentes. Con esa finalidad es que se creó la ley 728, que fue la maduración de un Régimen General Laboral peruano, que permita al empresario despedir (con indemnización) en todos los sectores productivos en que se requiere trabajadores “estables”, y otras leyes como la 27360 para el sector agroindustrial en el cual se requiere obreros por temporadas de cosecha, o poda, por ejemplo, y este régimen le brindaba al empresario el beneficio de despedir (sin indemnización), y otros beneficios principalmente para la reducción de cualquier impuesto, como el Impuesto a la renta (IR).
Demos un breve y modesto repaso a la historia laboral del país, para redondear la naturaleza de la Ley Agraria. Recién en 1924, años después de la conquista de las 8 horas, se obtiene el reconocimiento de una indemnización por despido. Y en 1970 el gobierno militar burgués de Velasco concede a los obreros la ley 18471 que establece que el empresario deberá justificar debidamente el despido según ciertas causales; sin embargo, esto no aplicaba para el término de un contrato a plazo fijo. Luego el gobierno militar de Morales Bermúdez saca la ley 22126 otorgándole a los empresarios la extensión del periodo de prueba laboral de tres meses a 3 años y la facilitación del despido. Con la ley 22342 de 1978, Ley de Promoción de Exportaciones No tradicionales, se otorgaron además descuentos tributarios a sectores como el textil y la agroindustria. Ya bajo la Constitución del 79, el gobierno de Belaunde mantendría la Ley 22126 (3 años de prueba), que sería derogada en el gobierno de Alan García con la ley 24514 de 1986, que retornaba a los 3 meses de prueba, al despido justificado, y en relación a los contratos a plazo fijo, se indicó que si la empresa no tiene plata puede despedir, y si no puede indemnizar, ni modo.
Ya con un presidente patronal adecuado para imponer con rigor una ley general que impidiera la estabilidad laboral, de forma oficial y repotenciada, el régimen militar se alineó con el genocida Fujimori, quien cumplía con dichos requisitos con el discurso “salvar la economía del país”. Por medio de un golpe militar se logró garantizar las ganancias de los patrones de la agroindustria. En 1996 con el D.L. 885 se le redujo al empresariado agroindustrial el IR a 15% hasta el 2001, y el siguiente año con la Ley 26865 se extendió estos beneficios hasta el 2006. La creación de la Ley 27360 de José Chlimper el año 2000, fue el sueño hecho realidad del capitalismo en crisis. Un Régimen que incluía despidos masivos sin papeleos o trámites y beneficios tributarios. Mataron a los hijos del pueblo pobre y explotado en el golpe militar, y crearon toda esta legislación laboral sobre sus cadáveres, como si las agroindustriales hicieran un pago a la tierra matando pobres. ¡ABAJO TODAS LAS LEYES ESCLAVISTAS Y EL RÉGIMEN MILITAR!
Ante la caída de Fujimori, pero no de su Constitución y sus leyes, los dirigentes sindicales y representantes de distintos partidos de la izquierda reformista, llamaron a votar por Toledo, pues les prometió derogar la 27360 si lo votaban; pero no pasó nada. Alan García prometió reivindicarse y derogar la ley, y nada, de hecho no solo masacró a nuestros compañeros en Bagua, sino que extendió la 27360 hasta el 2021 (Ley 28810); Ollanta con su hoja de ruta engañó otra vez a nuestros pobres dirigentes sindicales, y nada, incluso pretendió imponer la Ley de esclavitud juvenil, sin éxito, por supuesto debido a que los jóvenes proletarios de las Zonas de Lima lo pudieron evitar luchando. Ni hablar del lobbista PPK, que volvió a extender los beneficios tributarios a las agroindustriales hasta el 2031 (D.L. 043-2019).
Finalmente las bases proletarias cansadas, y sin miedo a la pandemia, decidieron traer abajo esta ley luchando de forma valiente; y sorpresiva para sus dirigentes, quienes tuvieron que buscar sus mascarillas con urgencia, pues fueron obligados a salir y dar la cara, para cumplir la labor que deberían por su licencia y cuota sindical. Lamentablemente, murieron compañeros a manos de Sagasti y su congreso de ratas, debido a que los dirigentes ni siquiera se toman la seriedad de su cargo para haber organizado desde la CGTP un gran congreso que defina luchar por las honestas demandas de las bases y proteger con escudos artesanales, por lo menos, a sus agremiados; como sí hicieron los Espartambos del sur y las Zonas de Lima. Con la promesa de la Ley Sagasti, todas las direcciones sindicales, como la dirección de la CGTP que solo posteaba en Facebook, vendieron humo con el bono BETA no remunerativo (30% de la remuneración mínima vital), el aumento del aporte a 9% (gradual) a ESSALUD, las vacaciones 30 días, el retorno de la IR de casi 30% como en la 728 (que tiene sus propias cláusulas para la exoneración) que no aplica a la Amazonía (solo 10% de IR con la Ley 27037), utilidades que irían en aumento (D.L. 892), la asignación familiar (Ley 25129), es decir un régimen agrario similar a la 728 de la dictadura fujimorista.
¿No hay acaso protestas por despidos masivos, y demás acciones antisindicales y laborales en esta ley 728? ¿O acaso reemplazar una ley Fujimorista por otra era un buen acuerdo? Lo peor de todo, es que esta Ley Sagasti, cuyos representantes iban con megáfonos a todos los piquetes del norte a convencer de que era una gran solución, en la práctica era otra cosa para quienes sí cosechaban y trabajaban en planta; pues aún existían los descansos temporales, y tanto el BETA, como las utilidades, como la asignación familiar, ESSALUD, etc., se calculaban por días trabajados. Seguramente las propias dirigencias sindicales locales recibieron masivas solicitudes de agremiados en descanso temporal. Y los datos no mienten la productividad de las empresas agroindustriales no dejó de crecer, la prensa patronal se hinchaba el pecho al decir que Perú es el “segundo sector con mayor participación en las exportaciones en el Perú” según el MEF el 2022, mientras que el 2024, según el MIDAGRI hubo un récord histórico de $12.700M en ventas. Sin embargo, la remuneración promedio de los obreros se redujo según datos del MTPE desde el 2022, alcanzando un pico máximo de -17.9% en reducción el 2021, en menor cantidad el 2022 y 2023, ¿Y el BETA?, ahora se entiende porque se redujo también la sindicalización, por los acosos de la patronal transnacional y sus trampas y leguleyos.
Pese a esta situación favorable para las empresas, han salido representantes de la patronal tristes por la caída de la 27360, sabiendo que su sector igualmente cuenta con beneficios por años, como COMEX que a finales del 2022 exigió no derogar el Decreto Ley 22342 de 1978, sí 47 años tiene esa ley, y brinda contratos por temporadas; el argumento de COMEX era que eso causaría pérdidas irreversibles, como ocurrió en el régimen agrario, pero no habla de participación en exportaciones. No se derogó claro. De hecho, el 2023 la ley 31969 redujo nuevamente a 6% ESSALUD al sector agroindustrial, pese a la Ley Sagasti, y otorgó recortes tributarios por crédito por reinversión, depreciación acelerada, deducción adicional por contratación, incluyendo al sector textil, con la excusa de la reactivación económica.
Así, la patronal siguió presionando para recuperar los beneficios perdidos con la derogatoria de la 27360, hasta conseguirlo con la promulgación hace una semana de la ley 32434, reduciendo su IR al 15%. Si bien la nueva ley agraria no afecta al régimen laboral, solo al tributario, en el papel los obreros agroindustriales siguen con un BETA, con el que, como no es remunerativo no se calcula ni en las CTS, gratificaciones prorrateadas, o utilidades, por ejemplo. Pero más importante aún es denunciar que los obreros agroindustriales siguen bajo todos estos regímenes sin tener estabilidad laboral, bajo la excusa de que su trabajo es por temporadas; así, el capitalismo no puede garantizar ni siquiera el pan diario de sus esclavos y por eso es que merece perecer.
Hay que agitar entonces en el movimiento obrero agroindustrial la lucha por los descansos temporales remunerados, que ninguna ley hasta ahora ha reconocido, ni siquiera proyectos de ley de congresistas “progresistas” como Lenin Bazán, un oportunista electorero más. Junto con esta consigna hay que sumar la lucha por la reducción de la jornada a 6 horas para crear un turno más y dar empleo permanente a todos. Hay que pelear por un salario mínimo móvil siempre igual al costo de vida (S/ 3000 mensuales), rechazando los bonos migaja; y una jubilación pública solidaria igual al salario liquidando las AFP. Pero una lucha de esta magnitud no puede ser aislada, deben unirse las fuerzas de todas las ramas obreras y también desplegar un pacto con los campesinos y artesanos pobres en un gran Congreso Nacional de todos los Explotados, para votar un solo plan de lucha por todas y cada una de nuestras demandas.
No se debe confiar en ningún representante que no haya tomado una pala, procesado en la fábrica, tirado redes al mar, o trabajado en el sector textil, y que mucho menos en quien jamás ha luchado en las calles. Ni tampoco se debe confiar en los dirigentes sindicales que nos subordinan a estos representantes de la patronal, más aún en elecciones. Mejor dicho, solo un Gobierno Obrero y Campesino revolucionario podrá defender nuestras demandas, gobierno que solo podrá sobrevivir extendiendo la revolución socialista a todo el continente y todo el mundo.
