LA VERDAD SOBRE LA LEY AGRARIA Y SU “DEROGATORIA”
Hace unos días, trabajadores de la agroindustria de Ica denunciaron sorprendidos que su jornal se había reducido de 39 a 31 soles[i], a solo una semana del paro que habían realizado para aumentar su jornal a 70 soles. Si la ley agraria fue derogada, ¿por qué entonces se les ha rebajado su remuneración? ¿en qué trampa siniestra han caído los trabajadores?
UNA LEY ESCLAVISTA MÁS
La ley agraria 27360 fue impuesta el año 2000 por José Chlimper, dueño de Agrokasa y por ese entonces también Ministro de Agricultura del dictador Alberto Fujimori. La ley fue diseñada para reducir el pago de impuestos y de remuneraciones, pensando solo en aumentar las ganancias de las grandes empresas agroindustriales, la mayoría de ellas en manos de capitales extranjeros.
En realidad, esta ley fue parte de una política más general. La dictadura de Fujimori impuso muchas más leyes e incluso una nueva Constitución para favorecer a las grandes empresas, sobre todo a las transnacionales y al capital financiero. Esto no quiere decir, que antes de esto los trabajadores estuvieran libres de la explotación, pobreza y opresión propias del sistema capitalista. Pero sí es verdad que estas condiciones de miseria se profundizaron en varios aspectos con las reformas económicas y políticas de la dictadura.
Fujimori favoreció la reducción general de impuestos a las grandes empresas, en especial a las exportadoras. Para ellas estableció en 1995 la ley del “drawback” que obliga al Estado a devolverles los aranceles pagados en productos importados[ii]. Este beneficio tributario sigue siendo utilizado hoy por las grandes empresas agroindustriales al punto de considerarlo uno de los pilares de su éxito[iii]. Con respecto a los trabajadores, la dictadura fujimorista impuso en 1997 el régimen laboral 728 para facilitar la subordinación y despido masivo de trabajadores por medio de un abanico de contratos temporales a disposición de los patrones[iv], junto con otras normas que en su conjunto reducían los derechos laborales conquistados en décadas de lucha.
La ley agraria 27360 es solo la última norma promulgada contra los trabajadores antes de la caída y huida de Fujimori al Japón. En lo tributario, esta ley rebajó de 30% a 15% el pago del impuesto a la renta de los empresarios, redujo el cálculo de esta renta y permitió la recuperación del IGV bajo ciertas condiciones. En lo laboral, la norma redujo las vacaciones (de 30 a 15 días), el pago del seguro de salud (de 9% a 4%), el pago de la indemnización por despido arbitrario, y el pago de la CTS (Compensación por Tiempo de Servicio) y las gratificaciones[v]. Con respecto a la duración de los contratos la 27360 no tuvo que inventar nada: simplemente hizo referencia en su reglamento a los contratos temporales del régimen común 728[vi]. Las jornadas atípicas, el trabajo a destajo, las services, etc., todo esto no fue impuesto por la 27360 sino por otras normas esclavistas que, como la 728, aún siguen vigentes.
LA CONCESIÓN DE VIZCARRA
Los esclavos asalariados del Perú han venido luchando contra estas condiciones extremas de explotación capitalista y los obreros de la agroindustria no han sido la excepción. La CONFIEP, por su parte, ha buscado mantener todos sus beneficios intactos haciendo uso de las fuerzas represivas del Estado pero también de la colaboración de los dirigentes sindicales reformistas que han venido subordinando a sus bases y al conjunto de los explotados a cada político oportunista que se presente con promesas de cambio, o incluso con menos que eso.
Así, el 2016 llamaron a votar por el banquero PPK como “mal menor” frente a Keiko Fujimori, para que finalmente PPK indulte al mismo Alberto Fujimori. Con la renuncia de PPK asumió la presidencia el empresario Martín Vizcarra, quien empezó a fingir que combatía al fujimorismo con el fin de ganar el apoyo de los trabajadores, llegando incluso a cerrar el Congreso en septiembre del año pasado[vii]. Sin embargo, solo días después, estallaría la revolución de los explotados de Ecuador, lucha que motivaría también la movilización de los trabajadores de Chile, Colombia y Bolivia. Es sobre todo la lucha contra la desigualdad capitalista en Chile[viii], lo que provocó más simpatías en Perú, y esto lo percibió muy bien Vizcarra.
Si bien su popularidad había subido con el show del cierre parlamentario, Vizcarra sabía que para evitar un levantamiento contra el hambre en Perú era necesario algo más que una maniobra política. Por esta razón, en diciembre, Vizcarra aprueba la extensión de la ley 27360 hasta el 2031 pero modificando por completo su capítulo laboral, tal como fuera votado por el Congreso en septiembre, para ganar apoyo popular contra su disolución. La modificatoria eleva las vacaciones a 30 días, el pago de indemnización por despido, el pago por salud (de forma progresiva), y también el pago de la CTS y las gratificaciones, igualando en lo esencial las condiciones laborales de los asalariados agrícolas con el conjunto de asalariados del Perú[ix]. Y es que Vizcarra sabía que si en algún lado se daría inicio a la lucha por la igualdad sería en la agroindustria.
Vizcarra prácticamente derogó la 27360 como norma laboral, con el fin de salvar sus beneficios tributarios para las agroexportadoras. Por tanto, su reciente derogatoria formal votada por el Congreso que lo vacó, no ha modificado en nada las condiciones laborales de los explotados de la agroindustria. Únicamente ha cambiado la forma en que recibirán su CTS y sus gratificaciones, que venían siendo calculadas como parte de su jornal diario. Ahora accederán posteriormente a estos ingresos como sucede en el régimen común y, por esta razón, su jornal ha sido rebajado a 31 soles diarios, monto que resulta de dividir la Remuneración Mínima Vital (S/ 930) entre los 30 días del mes. Para algunos esta sería la forma correcta de hacer uso de estos fondos, sin embargo, para los obreros conscientes que salieron a pelear por un jornal de 70 soles (y S/ 100 en Chao), esta “derogatoria” no significa más que una vil estafa.
UNA “DEROGATORIA” TRAMPOSA
Las comisiones parlamentarias que aprobaron esta derogatoria tramposa, tuvieron a disposición distintos proyectos de ley presentados desde mayo de este año[x]. El primero pertenece a Mario Quispe de APP, quien propuso modificar la ley para elevar el jornal a S/ 59 por medio de un “bono de producción”. Dos meses después, Lenin Bazán del Frente Amplio (FA) presenta su proyecto de derogatoria, pero sin plantear ningún aumento del jornal ni beneficio laboral adicional. En agosto, Rolando Campos de Acción Popular (AP) propone, por su parte, solo limitar su vigencia hasta el 2021. En noviembre, cuando el paro de Ica ya había sido anunciado, Luz Cayguaray del FREPAP propone limitar el alcance de la ley a las pequeñas empresas. Finalmente, el 1 de diciembre, con el paro a cuestas, el congresista Juan Oyola de AP plantea derogar la 27360 pero además elevar la remuneración básica mensual a casi S/ 1400 (32.5 % de una UIT).
Resulta evidente que las ratas del Congreso burgués votaron a favor del proyecto de Bazán porque se ajustaba mejor a sus intereses: derogar la norma sin conceder ningún aumento salarial. Por esta razón rechazaron los proyectos populistas de Mario Quispe y de Juan Oyola. Por otro lado, tampoco les convenía aprobar el proyecto del FREPAP porque, si bien tenía el mismo efecto práctico que el de Bazán, políticamente se presentaría como una “modificatoria” y no como la derogatoria exigida por los huelguistas. Así, el proyecto de este congresista resultaba la mejor manera de “cambiar todo para que nada cambie”.
En la exposición de motivos del proyecto Bazán señala que, a pesar de la modificatoria de Vizcarra, la 27360 aun plantea la contratación temporal “indefinida”, sin el tope de 5 años establecido en el régimen 728 y que, por tanto, este sería el “beneficio” que se obtendría con su derogatoria. Esta es una completa invención que se apoya en la omisión de toda referencia al reglamento de la 27360 que nos remite directamente a la 728. Bazán incluso cita al economista Julio Gamero pero al parecer sin haber leído esa parte de su artículo donde explica que la ley agraria no establece “una nueva modalidad contractual, sino simplemente… las formas de contratación previstas en el régimen común.”[xi]. Lo mismo se señala en un informe técnico del Ministerio de Trabajo[xii] y en un fallo judicial contra Agrokasa[xiii].
Esta derogatoria fraudulenta no sorprende viniendo de un congresista del FA. Ya el 2016, en su plan de gobierno, este Frente Popular patronal planteó elevar el drawback hasta un 10% en beneficio de las agroexportadoras con el cuento de promover el crecimiento de una rama alternativa a la minería[xiv]. Asimismo, Bazán ya ha dejado clara su posición con respecto a la criminal “suspensión perfecta de laboral” que ha arrojado al desempleo a miles de trabajadores, planteando únicamente su modificatoria para evitar que las grandes empresas hagan uso al mismo tiempo del programa Reactiva Perú, que también avala[xv]. Y en relación a la actual crisis sanitaria ha planteado la creación de un “sistema nacional de salud” en el que también participarán las famosas Entidades Prestadoras de Salud (EPS)[xvi] creadas por la dictadura fujimorista con el fin de promover el lucro con la enfermedad[xvii].
Y este congresista, que apoyó a Vizcarra, a Merino y ahora apoya a Sagasti, es el que supuestamente representa los intereses de los trabajadores, según el parecer de los burócratas sindicales que vienen sosteniendo su campaña electoral[xviii].
LA LUCHA CONTINÚA
Si bien el Congreso patronal ha derogado la ley 27360 con el fin de engañar y hacer retroceder a los trabajadores (como ha hecho con la ley CAS), al mismo tiempo ha anunciado que promulgará una nueva ley agraria evidentemente con el fin de salvar en la medida de lo posible los beneficios tributarios de las grandes agroindustriales. No podemos descartar, además, que se añada alguna migaja salarial o laboral a esta ley, para que sea vendida por los dirigentes como una gran victoria. Sin embargo, los obreros ya empiezan a abrir los ojos y no se tragan el cuento de los congresistas y dirigentes a los pies de la CONFIEP.
Así, tanto en Virú como en Ica, un grupo valiente de trabajadores, contra la voluntad de los dirigentes, mantuvo los bloqueos con el fin de exigir se haga efectivo el aumento salarial prometido. En el distrito de Chao uno de sus piquetes votó incluso un plan de lucha por descansos remunerados, delegados revocables por las bases, comités de autodefensa, y la unificación de todos los explotados. Estas son las fuerzas que encabezarán el inevitable nuevo levantamiento de las masas de la agroindustria, una vez que el fraude de la derogatoria quede totalmente expuesto.
En esta lucha, los trabajadores de la agroindustria no deben seguir aislados. Su lucha por salario, estabilidad y justicia para sus mártires, son las mismas demandas de todos los trabajadores del país e incluso de América Latina y el mundo. Solo en la más amplia unidad de todos los explotados, por encima de todos los oficios y fronteras, puede estar garantizada la victoria del proletariado sobre la burguesía. Solo con su expropiación y la destrucción total de su Estado, solo conquistando la dictadura del proletariado y abriendo la revolución internacional, será posible crear un mundo socialista, sin explotados ni explotadores. Y esto no será posible bajo la dirección de los que quieren reformar el capitalismo, solo de los que luchan por destruirlo.
¡VIVA LA LUCHA DE LOS EXPLOTADOS DE LA AGROINDUSTRIA!
¡POR UN PARTIDO OBRERO REVOLUCIONARIO, POR LA REFUNDACIÓN DE LA CUARTA INTERNACIONAL!
[i] https://www.facebook.com/icaendirecto/posts/2319310698212351
[ii] https://www.cies.org.pe/sites/default/files/investigaciones/cies_pmtdrawback_vfinal.pdf
[iii] https://issuu.com/adex_1/docs/revista_peru_exporta_419
[iv] http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/normasLegales/DS_003_1997_TR.pdf
[v]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5C947E120537341B05257B7A004B13E5/$FILE/27360.pdf
[vi]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/16AC9E56A00F755F05257B7A004B1ED3/%24FILE/049-2002-AG.pdf
[vii] https://zonaobrera.wordpress.com/2019/10/06/ningun-apoyo-a-vizcarra-y-sus-leyes-contra-los-trabajadores/
[viii] https://nrci.org/blog/2019/10/25/viva-la-lucha-del-pueblo-pobre-de-chile/
[ix] https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/modifica-la-ley-n-27360-para-promover-y-mejorar-las-condic-decreto-de-urgencia-n-043-2019-1841328-1/
[x]http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc1621/05314?opendocument
[xi] Además de los contratos temporales señalados en la 728, en la agroindustria también se hace uso del contrato de “exportación no tradicional” creado por la dictadura de Morales Bermúdez para el sector textil, y ratificado por la Constitución “progresista” de 1979. Como sucedió entonces, hoy una Asamblea Constituyente convocada por el Estado burgués solo puede servir a los intereses de la burguesía. https://www.redge.org.pe/sites/default/files/estudio_derechos%20laborales_Gamero.pdf
[xii] https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/319927/IF-009-2018-MTPE-2-14.1.pdf
[xiii] https://vlex.com.pe/vid/738779821
[xiv] https://gestion.pe/economia/oscar-dancourt-frente-amplio-haremos-consulta-previa-conga-tia-maria-114656-noticia/?ref=gesr
[xv]https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05468-20200609.pdf
[xvi]https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL05214-20200515.pdf
[xvii] https://ojo-publico.com/93/los-duenos-de-la-salud-privada-en-el-peru
[xviii] https://zonaobrera.wordpress.com/2020/11/18/revolucion-anti-corrupcion-o-movilizacion-anti-vacancia/
