“Lo que pasa en el bus se queda en el bus”
Ya es desgarrador que un adolescente de 15 años sea violentado sexualmente con un objeto contundente. Sin embargo, el pavor no queda ahí. ¡Sus victimarios fueron sus propios compañeros de colegio, otros adolescentes! Todos estudiantes de secundaria del Liceo Naval “Almirante Guise”, institución educativa dirigida por la Marina de Guerra (adscrita al Ministerio de Defensa) con docentes pagados por el Ministerio de Educación, donde estudian los hijos de los marinos del Perú (también particulares, que tienen que pagar altas pensiones).
El hecho que ha causado conmoción nacional sucedió en un bus, cuando el equipo de fútbol del colegio regresaba de una actividad deportiva. Sí, en el bus, donde se encontraban tres adultos: el entrenador, un profesor y el chofer. Los testimonios de los propios adolescentes involucrados (filtrados por la prensa) señalan que hubo gritos, pedidos de auxilio, pero que los adultos “no se dieron cuenta de lo que pasaba realmente (la violación sexual)”. Cuando los adultos no reaccionan a pedidos de auxilio dan cuenta de la normalización de la violencia de cualquier tipo entre estudiantes.
Efectivamente, ahora salen a la luz los múltiples casos de “bullying” o acoso entre estudiantes, e incluso de violación sexual, no gestionados debidamente por el colegio, es decir, no intervenían para que esto acabe. ¿Cuál sería la razón? Es evidente que aquí se reproducían las peores manifestaciones la jerarquía de la Marina, basada no solo en los grados militares, sino también en el clasismo, que engloba el racismo y sexismo. No es un secreto para nadie que la humillación a quien consideran inferior es una práctica común de ejercicio del poder dentro de las instituciones castrenses. También en esta sociedad, claro está, aunque formalmente estén proscritas estas conductas. Pero dentro del ámbito militar estas conductas son parte de su “gloriosa” tradición.
De los testimonios que ahora se publican, vemos a alumnos proferir amenazas de muerte hasta a los profesores, hombres y mujeres traumados durante años por el trato despectivo y la violencia física y verbal recibido porque sus padres no pertenecían a los altos grados de la Marina, por su color de piel oscura o por ser mujer. Un alumno se atreve a tener conduta violenta porque se siente con el poder que tiene su entorno, se siente muy superior a un docente que solo vive de su sueldo, a un “marrón” sin altos grados y sin plata. A esos es normal humillarlos, recordarles “su lugar”. Y una de las formas de humillación es la agresión sexual, como parte de demostración de masculinidad. Es normal, también, que esas conductas no tengan ninguna consecuencia, es normal la impunidad.
La relación entre patriarcado, construcción de la masculinidad y violencia se expresaría en una “pedagogía de la crueldad”[1], donde la violación gira en torno a dos ejes que se retroalimentan: el eje vertical (agresor/víctima) y el llamado eje horizontal (donde el agresor se exhibe ante sus cómplices, la manada). Esa “formación” del hombre, está fuertemente asociada y fácilmente se transpone a la formación militar: mostrar y demostrar que se ha sido capaz de abolir dentro de sí la vulnerabilidad que llamamos compasión y, por lo tanto, que se es capaz de cometer actos crueles con muy baja sensibilidad a sus efectos (en este caso, ir a comer chifa después del acto). De ello se deriva que los varones también sean víctimas del mandato de masculinidad asociado al patriarcado capitalista, donde solo unos pocos son los dueños, los propietarios, que son los que necesitan esa cultura patriarcal, violenta y deshumanizada.
Por eso esta sociedad divida en clases sociales –el 1% de la población mundial es propietaria del 95% de la riqueza[2] y la clase obrera que crea esa riqueza− también asegura la impunidad de los violentadores que habrían pactado: “lo que pasa en el bus se queda en el bus”. Ese estado de cosas también asegura la impunidad de los poderosos en todos los otros delitos. ¿Hay algún empresario detenido por el caso Odebrecht, el caso más grande de corrupción en el Perú? ¿La justicia peruana se ocupó del candidato empresario que amenazaba con agredir sexualmente a un funcionario del Estado[3]?
Entonces, no es suficiente cambiar las normas escolares que no permiten la expulsión de estudiantes maltratadores[4] para acabar con la violencia escolar, como ahora se está discutiendo. También se está señalando que es necesario cambiar esta cultura de exclusión que permite que algunos muchachos sienten que tienen derecho a decidir quién merece respeto y quién puede ser objeto de burla, sometimiento o desprecio, esta cultura reproducida por los medios de comunicación y por los hogares. Pero, ¿cómo influimos en los medios de comunicación que son propiedad precisamente de la clase social que su poder se basa en esta cultura? ¿Cómo descontextualizamos a los hogares para que no reproduzcan esta cultura de violencia (patriarcal, militar y capitalista)?
Resulta claro que la cultura, los medios de comunicación y la conformación del aparato de justicia reflejan los intereses de la clase dominante. Precisamente este caso del Liceo Naval se ha hecho mediático porque ha afectado a un adolescente de clase media limeño. Los medios no se han ocupado con tanto espacio y detalle del caso del niño Milán, asesinado por sus compañeros de colegio, en Huancayo[5]. O del caso de los cientos de niñas de los grupos étnicos Wampís y Awajún, violadas sistemáticamente, cuyas denuncias datan desde 2020, siendo sus agresores sus propios profesores, denunciándose que solo 111 han sido destituidos, ¡no encarcelados! Ya conocemos que desde el Ministerio de Educación manifestaron que se trata de “prácticas culturales”[6], minimizando esta terrible realidad.
Si durante la guerra interna, la oficialidad militar racista de este país no tuvo reparos en ordenar o apañar la tortura, asesinato y violación sexual de niños, niñas, mujeres embarazadas, y ancianos de comunidades campesinas mestizas e indígenas, a manos de manadas fuertemente armadas; si tan solo hace unos pocos años atrás se volvió a masacrar campesinos e indígenas en nombre del statu quo; si hoy tenemos una presidenta expresidiaria que en la ONU habla a favor de la impunidad total para esta misma oficialidad genocida; ¿qué esperamos que hagan sus hijos con los “cholitos” que logran acceder a sus costosos colegios?
Solo la clase obrera es capaz de proteger a sus niños y adolescentes, a todos los desprotegidos de esta sociedad. Nuestro deber, en nombre de ellos, de nuestra niñez, es construir una nueva sociedad, acabando con el actual régimen militar capitalista.
Notas
[1] https://www.revistadelauniversidad.mx/articles/9517d5d3-4f92-4790-ad46-81064bf00a62/pedagogias-de-la-crueldad
[2] https://www.oxfam.org/es/notas-prensa/el-1-mas-rico-acumula-casi-el-doble-de-riqueza-que-el-resto-de-la-poblacion-mundial-en
[3] https://www.youtube.com/shorts/Gof9UiwyghU
[4] Ley N.° 29719, que bajo el contexto de protección al derecho a la educación, prohíbe a los colegios aplicar la expulsión o separación definitiva como sanción a los alumnos.
[5] https://www.infobae.com/peru/2026/09/19/milan-tambien-exige-justicia-el-escolar-de-13-anos-que-murio-en-manos-de-sus-companeros-antes-del-caso-liceo-naval/
[6] https://www.manosunidas.org/actualidad/noticias/infierno-ninas-comunidades-awajun-peru
